Reunidos los representantes de las organizaciones comunales, campesinas, gremios agrarios e instituciones públicas y privadas, asistentes a los Foros Talleres realizados en las ciudades de Piura, Ayacucho, Huancavelica, Huancayo, Tarapoto, Puno y Cusco, para conocer y debatir respecto de los proyectos de Ley Nº 840, 1770, 1900 y 1992 propuestos por el actual gobierno, así como sobre recientes decretos legislativos, consideramos que los mismos nos afectan por los siguientes motivos:
A. Generarán la pérdida de las tierras, el más importante patrimonio de las comunidades campesinas y nativas para el uso agrícola, ganadero y forestal, incrementando la pobreza, al reducir los terrenos para producir, y afectando sus derechos sobre los recursos naturales.
B. Producirán el debilitamiento de la institución comunal, al perder un recurso básico para la identidad comunal, como es la tierra, poniendo en riesgo la existencia de nuestras organizaciones campesinas y nativas; por tanto afectando a la sociedad rural.
C. Afectan la seguridad jurídica de las comunidades campesinas y nativas, desconociendo su propiedad al imponer la inscripción en los registros públicos, lo cual según nuestras leyes no es obligatorio sino facultativo, constituyendo una confiscación; y por tanto una actitud de discriminación.
D. Amenazan la seguridad y soberanía alimentaria del país al destinar la tierra a la explotación minera, de hidrocarburos y a la producción agroindustrial, lo que está afectando el derecho humano a la alimentación y pone en peligro la potencialidad de producir cultivos de alto valor nutritivo, para el mercado interno y externo.
E. Agudizan las condiciones de pobreza, desnutrición y exclusión de la población rural, al posibilitar que nuevamente se concentre la tierra en pocas manos, como ya viene ocurriendo en distintas regiones del país, agudizando las condiciones que provocan el calentamiento global y cambio climático.
F. Debilitan la posibilidad de desarrollo rural y de la comunidad con la pérdida de sus tierras y recursos naturales, lo cual generará la migración de las poblaciones campesinas y nativas, hacia las ciudades agravando sus condiciones de vida.
Frente a esto, demandamos:
El archivamiento de los proyectos de Ley Nº 840, 1770, 1900 y 1992, por atentar contra los derechos de las comunidades campesinas y nativas.
La derogatoria del Decreto Legislativo Nº 994, que vulnera el derecho de propiedad comunal, al establecer como terrenos eriazos del Estado a aquellos terrenos comunales que no estén inscritos en Registros Públicos.
La derogatoria del Decreto Legislativo Nº 1015, por atentar contra la libre decisión de las comunidades y facilitar la disposición de tierras comunales.
Que los diversos proyectos de Ley y otras normas con implicancias en las comunidades campesinas y nativas sean sometidos a consulta previa, tal como lo prescribe el Convenio 169 de la OIT; que no se legisle a espaldas de las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, invocando para ello la adecuación de la legislación al TLC con Estados Unidos.
El rechazo a la promoción agresiva de la gran inversión privada orientada al monocultivo, por atentar contra el medio ambiente y por ser una amenaza a nuestra biodiversidad: genética, étnica y cultural.
Asimismo, proponemos:
- Considerar en las propuestas de ley, modelos alternativos para la pequeña producción agraria y proyectos productivos que venimos impulsando para promover el desarrollo sostenible, inclusivo, competitivo y solidario de la población de nuestras comunidades.
- Que el Estado cumpla con la titulación global de los predios de las comunidades campesinas y nativas, incluyendo los adjudicados por la Reforma Agraria.
- Saludar y respaldar las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Defensoría del Pueblo y un grupo significativo de Congresistas contra el Decreto Legislativo Nº 1015, así como otras iniciativas de gremios, instituciones y personalidades dirigidas a defender los derechos de las comunidades.
- La revisión de la legislación de la Amazonia, a fin de contar con una Ley marco de inversiones y desarrollo sostenible con visión de futuro y un marco de estabilidad jurídica de largo plazo, reconociendo que en sus 63 millones de hectáreas se encuentra la reserva más importante de agua dulce, donde habita una gran biodiversidad genética y étnica, uno de los principales recursos geoestratégicos del Perú.
- Nuestra participación activa y compromiso para fortalecer las organizaciones de las que somos parte, para construir una propuesta de desarrollo inclusivo, defendiendo nuestros medios de vida, recursos naturales y diversidad cultural.
Lima, 18 Junio del 2008
A. Generarán la pérdida de las tierras, el más importante patrimonio de las comunidades campesinas y nativas para el uso agrícola, ganadero y forestal, incrementando la pobreza, al reducir los terrenos para producir, y afectando sus derechos sobre los recursos naturales.
B. Producirán el debilitamiento de la institución comunal, al perder un recurso básico para la identidad comunal, como es la tierra, poniendo en riesgo la existencia de nuestras organizaciones campesinas y nativas; por tanto afectando a la sociedad rural.
C. Afectan la seguridad jurídica de las comunidades campesinas y nativas, desconociendo su propiedad al imponer la inscripción en los registros públicos, lo cual según nuestras leyes no es obligatorio sino facultativo, constituyendo una confiscación; y por tanto una actitud de discriminación.
D. Amenazan la seguridad y soberanía alimentaria del país al destinar la tierra a la explotación minera, de hidrocarburos y a la producción agroindustrial, lo que está afectando el derecho humano a la alimentación y pone en peligro la potencialidad de producir cultivos de alto valor nutritivo, para el mercado interno y externo.
E. Agudizan las condiciones de pobreza, desnutrición y exclusión de la población rural, al posibilitar que nuevamente se concentre la tierra en pocas manos, como ya viene ocurriendo en distintas regiones del país, agudizando las condiciones que provocan el calentamiento global y cambio climático.
F. Debilitan la posibilidad de desarrollo rural y de la comunidad con la pérdida de sus tierras y recursos naturales, lo cual generará la migración de las poblaciones campesinas y nativas, hacia las ciudades agravando sus condiciones de vida.
Frente a esto, demandamos:
El archivamiento de los proyectos de Ley Nº 840, 1770, 1900 y 1992, por atentar contra los derechos de las comunidades campesinas y nativas.
La derogatoria del Decreto Legislativo Nº 994, que vulnera el derecho de propiedad comunal, al establecer como terrenos eriazos del Estado a aquellos terrenos comunales que no estén inscritos en Registros Públicos.
La derogatoria del Decreto Legislativo Nº 1015, por atentar contra la libre decisión de las comunidades y facilitar la disposición de tierras comunales.
Que los diversos proyectos de Ley y otras normas con implicancias en las comunidades campesinas y nativas sean sometidos a consulta previa, tal como lo prescribe el Convenio 169 de la OIT; que no se legisle a espaldas de las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, invocando para ello la adecuación de la legislación al TLC con Estados Unidos.
El rechazo a la promoción agresiva de la gran inversión privada orientada al monocultivo, por atentar contra el medio ambiente y por ser una amenaza a nuestra biodiversidad: genética, étnica y cultural.
Asimismo, proponemos:
- Considerar en las propuestas de ley, modelos alternativos para la pequeña producción agraria y proyectos productivos que venimos impulsando para promover el desarrollo sostenible, inclusivo, competitivo y solidario de la población de nuestras comunidades.
- Que el Estado cumpla con la titulación global de los predios de las comunidades campesinas y nativas, incluyendo los adjudicados por la Reforma Agraria.
- Saludar y respaldar las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Defensoría del Pueblo y un grupo significativo de Congresistas contra el Decreto Legislativo Nº 1015, así como otras iniciativas de gremios, instituciones y personalidades dirigidas a defender los derechos de las comunidades.
- La revisión de la legislación de la Amazonia, a fin de contar con una Ley marco de inversiones y desarrollo sostenible con visión de futuro y un marco de estabilidad jurídica de largo plazo, reconociendo que en sus 63 millones de hectáreas se encuentra la reserva más importante de agua dulce, donde habita una gran biodiversidad genética y étnica, uno de los principales recursos geoestratégicos del Perú.
- Nuestra participación activa y compromiso para fortalecer las organizaciones de las que somos parte, para construir una propuesta de desarrollo inclusivo, defendiendo nuestros medios de vida, recursos naturales y diversidad cultural.
Lima, 18 Junio del 2008
