La principal institución del país, llamada estado peruano pasa por una severa crisis de organización, y esta desorganización se reinicio en el gobierno de Alejandro Toledo quien reactivó el proceso de regionalización, y se ha ido acrecentando en este gobierno al impulsarlo; pero además inicio el proceso de desconcentración con la llamada municipalización en diferentes áreas del estado.
No es al escribir este artículo pretender rechazar los procesos de articulación del estado al continuar con la regionalización hasta completarla y la municipalización, lo cual representa un logro importante, por que acerca la provincia a lima y trata de homogenizar los procesos políticos-sociales y económicos para satisfacer las necesidades particulares de cada pueblo. En síntesis los procesos de regionalización y municipalización son muy positivos.
La pretensión de este escrito es puntualizar la forma en se esta llevando a cabo estos procesos. Teniendo en cuenta la evolución de los requerimientos de la sociedad civil, la fragmentación de la política provincial, la crisis de representatividad de los partidos políticos en la provincia, el antialanismo o antiaprismo que se va cronificando y que se están observando en una cascada de hechos que aún no se han remarcado oportunamente por los llamados analistas políticos.
El meollo prioritario del asunto y que explica en parte las revueltas, paros, huelgas y otras acciones de lucha de la sociedad civil en la provincia y departamentos regionalizados y por municipalizarse; es que son la expresión de no haber previsto en su determinado momento el freno constitucional necesario para que estas medidas no sean canalizadas adecuadamente por los presidentes regionales o alcaldes.
Este embalse de problemas sociales tiene su origen en que el estado peruano como institución se ha desorganizado y por ende si esto no se corrige con leyes, normas, y otras acciones perderá legitimidad e institucionalidad. Esta crisis en el fortalecimiento de la institución estatal afectará la democracia al coexistir la inestabilidad política a pesar de la bonanza macroeconómica (triunfalismo excesivo que produce celos internos) y de manejo de la misma con rostro social; enfrentado lógicamente con la aguda pobreza a nivel nacional.
Los partidos políticos clásicos o partidocracia reconocida, esencialmente el APRA por sus insoslayables problemas internos, su cuestionada relación partido-gobierno se ven afectados en su institucionalidad partidaria; están completamente divorciados en la provincia de la sociedad civil, gobiernos regionales y alcaldías. Autoridades provenientes en su mayoría de movimientos políticos localistas y movimientos promovidos por operadores políticos de los multicolores partidos de izquierda que siempre se postularon democráticamente pero al estar atomizados en su convicción nunca lograron el objetivo.
Cualquier institución es estable cuando en ella se fomenta la rutina, permitiendo la estabilidad del sistema y adquiere el compromiso de los elementos que la conforman. Si la rutina se ha fracturado al cambiar el modelo de gobierno institucional, es necesario fortalecer a las organizaciones proveyéndolas de reglas y normas, con nuevos valores, para instalar una nueva rutina coherente en el tiempo.
No es al escribir este artículo pretender rechazar los procesos de articulación del estado al continuar con la regionalización hasta completarla y la municipalización, lo cual representa un logro importante, por que acerca la provincia a lima y trata de homogenizar los procesos políticos-sociales y económicos para satisfacer las necesidades particulares de cada pueblo. En síntesis los procesos de regionalización y municipalización son muy positivos.
La pretensión de este escrito es puntualizar la forma en se esta llevando a cabo estos procesos. Teniendo en cuenta la evolución de los requerimientos de la sociedad civil, la fragmentación de la política provincial, la crisis de representatividad de los partidos políticos en la provincia, el antialanismo o antiaprismo que se va cronificando y que se están observando en una cascada de hechos que aún no se han remarcado oportunamente por los llamados analistas políticos.
El meollo prioritario del asunto y que explica en parte las revueltas, paros, huelgas y otras acciones de lucha de la sociedad civil en la provincia y departamentos regionalizados y por municipalizarse; es que son la expresión de no haber previsto en su determinado momento el freno constitucional necesario para que estas medidas no sean canalizadas adecuadamente por los presidentes regionales o alcaldes.
Este embalse de problemas sociales tiene su origen en que el estado peruano como institución se ha desorganizado y por ende si esto no se corrige con leyes, normas, y otras acciones perderá legitimidad e institucionalidad. Esta crisis en el fortalecimiento de la institución estatal afectará la democracia al coexistir la inestabilidad política a pesar de la bonanza macroeconómica (triunfalismo excesivo que produce celos internos) y de manejo de la misma con rostro social; enfrentado lógicamente con la aguda pobreza a nivel nacional.
Los partidos políticos clásicos o partidocracia reconocida, esencialmente el APRA por sus insoslayables problemas internos, su cuestionada relación partido-gobierno se ven afectados en su institucionalidad partidaria; están completamente divorciados en la provincia de la sociedad civil, gobiernos regionales y alcaldías. Autoridades provenientes en su mayoría de movimientos políticos localistas y movimientos promovidos por operadores políticos de los multicolores partidos de izquierda que siempre se postularon democráticamente pero al estar atomizados en su convicción nunca lograron el objetivo.
Cualquier institución es estable cuando en ella se fomenta la rutina, permitiendo la estabilidad del sistema y adquiere el compromiso de los elementos que la conforman. Si la rutina se ha fracturado al cambiar el modelo de gobierno institucional, es necesario fortalecer a las organizaciones proveyéndolas de reglas y normas, con nuevos valores, para instalar una nueva rutina coherente en el tiempo.
Por un lado el gobierno central esta sujeto a un régimen esencialmente presidencialista, pero dependiente débilmente del congreso, por que se favorece la figura presidencial, pero sujeto al orden constitucional de manera explicita.
Por otro lado esto no sucede con las presidencias regionales, al estar con un régimen de gobernanza por mandato constitucional pero que pueden atravesar la línea colocándose en la misma vereda de la sociedad civil para reclamar airadamente al estado sin que existan normas o leyes puntuales que impidan esto. Es sabido que La ley del Jurado Nacional de Elecciones, que avala estas representaciones no prevé sanciones ante esta eventualidad, que hoy se están produciendo y que esta desencadenando un embalse social a nivel nacional.
El congreso ahora debilitado en su credibilidad y eficacia, aunque hay pequeños sectores que argumentan lo contrario, no se ha percatado del problema institucional existente entre Estado, léase gobierno central, Vs. Región Vs. Municipio, que debió ser intuido a tiempo debido a su estirpe política.
El gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales deberían funcionar como un todo a pesar de las diferencias políticas existentes entre ellos. A esto me refiero como institucionalidad del estado. Surge entonces la pregunta ¿Por qué estos componentes del estado, ejecutivos esencialmente, con presupuestos propios se encuentran actualmente divorciados? La respuesta obedece esencialmente a que un nuevo modelo de estado ha surgido y por ende se ha roto la rutina.
El congreso ahora debilitado en su credibilidad y eficacia, aunque hay pequeños sectores que argumentan lo contrario, no se ha percatado del problema institucional existente entre Estado, léase gobierno central, Vs. Región Vs. Municipio, que debió ser intuido a tiempo debido a su estirpe política.
El gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales deberían funcionar como un todo a pesar de las diferencias políticas existentes entre ellos. A esto me refiero como institucionalidad del estado. Surge entonces la pregunta ¿Por qué estos componentes del estado, ejecutivos esencialmente, con presupuestos propios se encuentran actualmente divorciados? La respuesta obedece esencialmente a que un nuevo modelo de estado ha surgido y por ende se ha roto la rutina.
Esto obliga al congreso a promover leyes, reglas o normas específicas, que den armonía al estado y adhesionen a él a los gobiernos regionales y locales al ser partes importantes. Este fortalecimiento del estado como institución unitaria permitirá instaurar una nueva rutina que de resultados positivos mas adelante y asegurar de esta forma gobernabilidad.
No cabe duda que estas modificaciones sustantivas no las puede hacer un simple congreso como el actual; por lo que se impone instalar una constituyente con sus dos cámaras, y por que anexo a este gran problema existen otros que deben infringir una política de estado acorde con el nuevo modelo; que respete los requerimientos de la sociedad civil actual y sobre todo que encamine el sector económico en cuanto a presupuestos, tributación, macroeconomía, microeconomía, etc. y sobre todo que fije una hoja de ruta para 15, 25, y 50 años en el Perú.
No cabe duda que estas modificaciones sustantivas no las puede hacer un simple congreso como el actual; por lo que se impone instalar una constituyente con sus dos cámaras, y por que anexo a este gran problema existen otros que deben infringir una política de estado acorde con el nuevo modelo; que respete los requerimientos de la sociedad civil actual y sobre todo que encamine el sector económico en cuanto a presupuestos, tributación, macroeconomía, microeconomía, etc. y sobre todo que fije una hoja de ruta para 15, 25, y 50 años en el Perú.
Dr. Jorge Ramal N.
