La propuesta de la distribución directa de canon a las familias aledañas a la mina hasta por el 20 % planteada por el presidente AGP no suena descabellada y debe ser analizada fríamente por los opositores a esta intención. Léase,
(1) Los congresistas, que esgrimen que esta medida va ha tener un tinte populista y despilfarrador.
(2) La red de municipalidades rurales del Perú (REMURPE) que consideró que esta medida debilitaría el proceso de descentralización, al disminuir sus recursos que manejarían por concepto del canon para supuestamente cumplir con su rol promotor del desarrollo; cuando todos sabemos que invierten el dinero en selvas de cemento.
(3) Se argumenta que el proyecto de AGP desvía el papel del Estado de generar obras de infraestructura que permitan un desarrollo sostenible a largo plazo en las distintas regiones o lo que es igual se menciona que el estado abdicaría su rol de promotor del desarrollo regional y nacional.
(4) También se dice que esta medida solo sería un mecanismo político-económico de compra del poblador aledaño a la mina que se opone a la inversión minera como en el caso de Majas.
Todo esto en el contexto de la opinión prematura al desconocer la especificación gubernamental en referencia a que este fondo propuesto aun no es claro; es decir no se conoce si esta medida afectara al 50% regional o al 50% de canon de manejo gubernamental.
Para analizar con mayor argumento es necesario considerar el hecho del llamado “circuito del canon” (Que suele demorar entre 8 a 15 años) y que ocasiona un desfase temporal entre inversión y obras; Hecho que ayuda a desprestigiar a la actividad minera y otorga tiempo a sus satanizadotes ambientalistas.
El “Circuito del Canon” significa el periodo en el que la mina inicia el estudio, hace la inversión en infraestructura, provisión de maquinaria minera, periodo de recuperación de la inversión, generación de ganancias y recién pago del impuesto por las ganancias a la Sunat (canon), sumado al periodo de distribución de este por el MEF las regiones, provincias y localidades aledañas a la mina y además la demora que significan los proyectos de obra por las unidades ejecutoras.
Este tiempo de demora debe ser corregido con medidas como la propuesta por AGP, donde el aporte directo a las familias debería realizarse desde el inicio de funcionamiento de la mina para ser deducido del canon global por el bien del desarrollo sostenido nacional y el favorecimiento de la inversión de a gran minería.
Para ello es necesaria la concertación política entre el gobierno nacional y regionales al definir metas conjuntas de una política minera acorde con los nuevos tiempos.
Es necesario implementar los sistemas de estudio ambientalista imparciales y fortalecer el PAMA (Ente promotor de acciones e inversiones necesarias para incorporar a las operaciones minero metalúrgicas los adelantos tecnológicos y/o medidas alternativas que tengan como propósito reducir o eliminar las emisiones o vertimientos, para poder cumplir con los niveles máximos permisibles establecidos por la autoridad competente en el tema de medio ambiente. Funciona durante la actividad minera.) para beneficio del poblador aledaño a la mina esencialmente agricultor.
Es necesario fortalecer los sistemas de transparencia a nivel de la banca nacional, regiones y municipios para la adecuada monitorización del gasto; así como promover el rol fiscalizador de la prensa y la opinión pública.
Esta agenda distributiva del canon tiene que ser analizada, discutida, planificada, y consensuada, para que se logren los objetivos propuestos. En esta óptica la propuesta de AGP no es atentatoria contra las autoridades regionales y locales.
(1) Los congresistas, que esgrimen que esta medida va ha tener un tinte populista y despilfarrador.
(2) La red de municipalidades rurales del Perú (REMURPE) que consideró que esta medida debilitaría el proceso de descentralización, al disminuir sus recursos que manejarían por concepto del canon para supuestamente cumplir con su rol promotor del desarrollo; cuando todos sabemos que invierten el dinero en selvas de cemento.
(3) Se argumenta que el proyecto de AGP desvía el papel del Estado de generar obras de infraestructura que permitan un desarrollo sostenible a largo plazo en las distintas regiones o lo que es igual se menciona que el estado abdicaría su rol de promotor del desarrollo regional y nacional.
(4) También se dice que esta medida solo sería un mecanismo político-económico de compra del poblador aledaño a la mina que se opone a la inversión minera como en el caso de Majas.
Todo esto en el contexto de la opinión prematura al desconocer la especificación gubernamental en referencia a que este fondo propuesto aun no es claro; es decir no se conoce si esta medida afectara al 50% regional o al 50% de canon de manejo gubernamental.
Para analizar con mayor argumento es necesario considerar el hecho del llamado “circuito del canon” (Que suele demorar entre 8 a 15 años) y que ocasiona un desfase temporal entre inversión y obras; Hecho que ayuda a desprestigiar a la actividad minera y otorga tiempo a sus satanizadotes ambientalistas.
El “Circuito del Canon” significa el periodo en el que la mina inicia el estudio, hace la inversión en infraestructura, provisión de maquinaria minera, periodo de recuperación de la inversión, generación de ganancias y recién pago del impuesto por las ganancias a la Sunat (canon), sumado al periodo de distribución de este por el MEF las regiones, provincias y localidades aledañas a la mina y además la demora que significan los proyectos de obra por las unidades ejecutoras.
Este tiempo de demora debe ser corregido con medidas como la propuesta por AGP, donde el aporte directo a las familias debería realizarse desde el inicio de funcionamiento de la mina para ser deducido del canon global por el bien del desarrollo sostenido nacional y el favorecimiento de la inversión de a gran minería.
Para ello es necesaria la concertación política entre el gobierno nacional y regionales al definir metas conjuntas de una política minera acorde con los nuevos tiempos.
Es necesario implementar los sistemas de estudio ambientalista imparciales y fortalecer el PAMA (Ente promotor de acciones e inversiones necesarias para incorporar a las operaciones minero metalúrgicas los adelantos tecnológicos y/o medidas alternativas que tengan como propósito reducir o eliminar las emisiones o vertimientos, para poder cumplir con los niveles máximos permisibles establecidos por la autoridad competente en el tema de medio ambiente. Funciona durante la actividad minera.) para beneficio del poblador aledaño a la mina esencialmente agricultor.
Es necesario fortalecer los sistemas de transparencia a nivel de la banca nacional, regiones y municipios para la adecuada monitorización del gasto; así como promover el rol fiscalizador de la prensa y la opinión pública.
Esta agenda distributiva del canon tiene que ser analizada, discutida, planificada, y consensuada, para que se logren los objetivos propuestos. En esta óptica la propuesta de AGP no es atentatoria contra las autoridades regionales y locales.
Dr. Jorge Ramal N.
