“Canon Social Cojo”

En el articulo anterior justifique la nueva redistribución del canon minero en dinero efectivo a los pobladores que tienen sus intereses esencialmente agrícolas y viven aledaños a la mina y que además están en extrema pobreza, puntualizando que aun no se sabia si el 20% o más del canon destinado provendría del aporte minero global o regional a la SUNAT.

Hoy ha concretizado el ejecutivo la propuesta que actualmente se discutirá en el congreso de la siguiente forma: Proyecto de Ley que “otorga una asignación especial directa a las familias residentes en zonas de influencia minera de todo el país, para atender necesidades básicas de las poblaciones con menos recursos”, destinando 35% del canon minero, para la entrega de un cheque de uso libre, y el monto variará de acuerdo con la situación de cada familia, hasta un máximo de 6.000 soles anuales”, puntualizando que este monto saldrá de los gobiernos locales provinciales aledaños a la mina , que son a las finales quienes reciben mas dinero por este concepto (25% del canon regional total).

Este proyecto de ley se implementa con la propuesta de otro proyecto que ya se discute el congreso, que “Declara a 20 proyectos futuros que contemplan inversiones en la gran minera como de interés nacional”, sabiendo que estas inversiones mineras representarían el 40 % del total de inversiones para el país; necesarias para el crecimiento sostenido.

Tal parece que habrá una fuerte oposición al respecto, pero me atrevo a pensar que las condiciones congresales están dadas para ser aprobados; en este contexto esto favorecerá a la economía nacional y la lucha contra la pobreza extrema en forma directa y frontal.

Por otro lado este “Canon Social esta aún Cojo” pues no se brinda la solución para el bolsón poblacional pobre en cuyos territorios no se desarrollará la minería, ni tampoco se toma en cuenta el llamado “Circuito del Canon” (desfase de tiempo entre inversión minera y obra que beneficia a la región donde se desarrolla la gran minería, que suele durar 8 a mas años).

Estos dos aspectos referidos sumados a un posible acuerdo político del ejecutivo con las autoridades regionales en la búsqueda de metas conjuntas darían un clima de verdadera paz social que la minería y el país necesitan y se impulsaría el combate a la pobreza con equidad.

Pero no basta con exponer la problemática, difundirla y esconderse detrás de este escrito; Tengo la responsabilidad de enfocar algunos considerandos propositivos: (1) Es necesario crear un fondo de canon que salga de las arcas gubernamentales para aquellas regiones donde no existe la gran minería y de esta forma actuar con equidad. (2) Es necesario establecer en los contratos de las inversiones futuras para la gran mineras, convocándolas a pagar un canon adelantado en la zona de influencia a la mina, el que podrían deducir después que empiece a producir ganancias con el objetivo de saltar el “circuito del canon”. (3) y para no superponer la ayuda social, los fondos así obtenidos se podrían complementar con los programas “Juntos” y “Crecer” que ya están dando sus primeros frutos.

Estas medidas o similares talvez podrían completar un verdadero canon de estirpe social.

Dr. Jorge Ramal N.

Mirada al Sistema Tributario Peruano

Sabemos que la economía de un país se fortalece si existe un buen sistema tributario (capacidad de recaudación) y por otro lado para que un país pretenda crecer con rostro social debe tener una administración eficiente para la redistribución de la recaudación (capacidad de gasto) por tanto el tamaño y la estructura del estado debe estar acorde con la operatividad que se busca; es decir, se debe promover que la burocracia se modernice y tecnifique, y no solo su reducción.

El mercado globalizado hace lo suyo aumentando el nivel y características de productividad (crecimiento industrial, exportador, generación de empleo, reducción de la pobreza, así como modela la estructura social económicamente hablando).

Además, el manejo adecuado de estas variables en paréntesis señaladas, repercuten profundamente en a gobernabilidad de un país, y que fortalece la democracia, entendida en términos económicos.

El sistema tributario Peruano nos presenta algunas características que lo hacen especial en el contexto latinoamericano, aunque aun falta un largo trecho por recorrer para lograr una expansión de la tributación (base de tributantes).
La Disminución de costos directos e indirectos, la erradicación de los refugios fiscales, la política social arancelaria adecuada, la transparencia legislativa del sistema de tributación, la inclusión de una verdadera toma de conciencia en cuanto a la responsabilidad política del ejecutivo como ente regulador, imparcial y de estirpe social del impuesto monetarizado para tratar de influir en el mercado positivamente mediante una política impositiva no distorsionadora promoviendo impuestos correctores con equidad vertical juiciosa.

En cuanto a los parámetros básicos para apreciar el sistema tributario peruano, este logra actualmente una:
(1) Eficiencia económica relativa; Es mi impresión que a pesar del éxito de recaudación en estos últimos años y el crecimiento sostenido de este año cercano al 8% que ha permitido un gran nivel de ahorro fiscal, se ha debido esencialmente a expensas de la recaudación por concepto minero y cierto repunte por concepto de exportación pero no por la calidad de los instrumentos de tributación. Es decir tener un IGV del orden del 19% obliga apagar un impuesto exponenciado a todos los peruanos. Léase, grava injustamente a los mas pobres varias veces el impuesto, en cambio al empresario o productor no o afecta tanto por que siempre tiene la posibilidad de usar la llamada detracción fiscal del IGV (Crédito Fiscal), o los llamados incentivos para la inversión y productividad (generalmente de naturaleza extractiva). Por otro lado no existe una tributación proporcional en relación a las sobre ganancias pero cuidándose de no ahuyentar la inversión. No existe tributación de equidad vertical en apoyo a la salud y la educación, tal vez por falta de una política de desarrollo de estos sectores.
En síntesis puedo decir que esta eficiencia económica cumple por el momento el objetivo de una mayor recaudación pero no es socialmente redituable.

La sencillez Administrativa de nuestro sistema es adecuada si se toma en consideración que los impuestos a la renta de tercera, cuarta y quinta categoría, el ITF, Los impuestos correctores como al tabaco, licor y otros como de la gasolina y combustibles, política arancelaria discriminativa no selectiva son fáciles de manejar y captan adecuadamente los recursos para nutrir la caja fiscal.

La Flexibilidad precisamente no es una virtud de nuestro sistema tributario por que no es capaz de reducir los impactos de la externalidades, variaciones negativas del mercado, pudendo promover monopolios, acaparamientos y además no repercuten favorablemente en los sistemas de salud, ambiente y educación.

Por otro lado el sistema tributario es tardío en reaccionar a los fenómenos recesionales, inflacionarios o mixtos; lo que repercute en la estabilidad del sistema económico y financiero de capitales aumentando el riego alarmista económico ocasionado por la inseguridad natural del rico y del pobre.

La flexibilidad del sistema de por si se ve afectada por la velocidad con que pueden llevarse a la práctica los cambios de la legislación fiscal (una vez aprobada) y los retardos en la recaudación de los impuestos.

Responsabilidad Política Si bien es cierto el sistema tributario no es el óptimo hablando en términos de lo posible dentro de la complejidad del sistema, hasta ahora el manejo del estado-gobierno desde la década del 90 a la actualidad a dado frutos interesantes, traduciéndose en una pendiente de ascenso que ha permitido viabilidad económica y crecimiento; seria mezquino restar merito a la responsabilidad política en este tema.

El estado no debe gravar con impuestos sin previamente informar los beneficios y contras al pueblo ya que esto es parte esencial de la llamada responsabilidad política, Un ejemplo de lo expresado es la elevación del IGV; que tuvo éxito como herramienta recaudatoria pero la opinión pública al desconocer la implicancia técnica de este impuesto la acepto sin mucho cuestionamiento.
Es por ello importante que el gobierno sepa conjugar la responsabilidad tributaria en pro del bienestar económico del país con la sensibilidad política que debe tener para imprimir gobernabilidad a su mandato al efectuar los cambios tributarios que no afecten al poblador de la base social.

La Justicia desde el punto de vista de la tributación este siempre tiene sus bemoles y es difícil tipificar lo que es justo o injusto. Es mi opinión que el sistema impositivo para promover un sistema de equidad tiene que tener en cuenta la horizontalidad y verticalidad del impuesto ya que somos un país con severas fracturas sociales y grandes desigualdades económicas, donde la renta, el consumo, el bienestar, y la capacidad de pago son factores divisorios que circunscriben grandes sectores, por lo que es necesario una monitorización adecuada de estos bolsones poblacionales antes de proponer un determinado impuesto.

Dr. Jorge Ramal N.

¿Sistema de control de procedimientos o Sistema de gestión por resultados en la administración pública?

Evidentemente el sistema de “Control de Procedimientos” en la administración pública para ejecutar el presupuesto asignado tiene grandes defectos que repercuten en la calidad del gasto haciéndolo ineficiente; En buen romance el gasto presupuestado suele resultar insuficiente al no lograrse el objetivo trazado, pudiéndose observar que se efectiviza un dispendio del presupuesto.

Esto afecta a la institución pública, promueve un mayor número de sistemas de control, que a su ves se convierten en sancionadores cuando generalmente no se alcanzan los objetivos propuestos, de tal forma que el control se convierte en un fin en si mismo y no un medio para reorientar en pro de la obtención de buenos resultados.

El sistema de control de procedimientos no permite evaluar el rendimiento, es abolicionista de la innovación, frena todo tipo de competencia y sobre todo su accionar es inversamente proporcional a la calidad.

En este contexto el sistema de “Gestión por Resultados” tiende a beneficiar al usuario, promueve por si solo la transparencia, limita la proliferación de sistemas de control, esta orientado a la solución de problemas, racionaliza el gasto público en razón proporcional a la eficiencia y por ende logra un objetivo con eficacia y eficiencia a un menor costo.

Este sistema de “Gestión por Resultados” en si mismo es un sistema de control y que puede ser evaluado en cualquier momento al tomar como instrumentos los indicadores, los cuales a su vez pueden ser de gestión y de resultados; es decir, permite cuantificar y calificar los procesos y fines obtenidos.

Este sistema agiliza los procesos de gasto, los automatiza, permite elaborar un presupuesto más real, sirve de patrón de información y aprendizaje interinstitucional, a los gestores se le facilita la decisión y la evaluación que les permite hacer las modificaciones en pro de la consecución de sus metas y cumplir las expectativas de los usuarios, promueve la transparencia de la gestión que puede ser leída en cualquier instante en base a los indicadores.

Generalmente la cosa pública tiene naturaleza social y su función es proveer básicamente servicios que tengan amplia cobertura o causen gran impacto en la población; Es por ello que para lograr sus objetivos, la gestión administrativa debe acercarse al modelo de eficiencia que en si misma tiene la empresa privada que se desempeña eficientemente con las leyes de mercado al tratar de imprimir en ésta una política de “gestión por resultados” que la acerque mas a la administración privada.

En conclusión el sistema de gestión por resultados reemplazaría en la mayoría de los procedimientos administrativos al control de ellos, por que efectuaría el control en si misma. Pero es necesaria su implementación con un adecuado planeamiento técnico, de difusión y capacitación de los gestores para que tenga un verdadero éxito.

Dr. Jorge Ramal N.

¿Es adecuada la simplificación del SNIP?

Antes de contestar esta pregunta puntual es necesario buscar la justificación o explicación real para la simplificación del ciclo de proyectos en el sistema nacional de inversión pública (SNIP).

En principio es evidente que el SNIP es la forma más efectiva que tiene el país para mejorar la calidad de los proyectos de inversión pública (PIP) y por ende mejorar la calidad del gasto; Además se constituye como un filtro necesario de orden técnico que ordena y planifica el desarrollo de la infraestructura nacional y promueve el desarrollo humano.

Por otro lado es sabido que el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) al ser implantado en otros países años atrás (Chile, Brasil, Colombia, etc.), se ha constituido como una herramienta valiosa que fomenta la denominada “Cultura de Proyectos” en la administración pública. Su éxito se debe a que funciona bajo 2 denominadores importantes: (1) La existencia de personal técnico en el sistema de inversión altamente calificado y operativo. (2) La existencia de verdaderos representantes en la administración pública con gran capacidad de gestión y proyección de desarrollo local, regional o nacional; ejemplo de ello es Chile, Brasil y Colombia.

De lo referido en el párrafo anterior se desprende, que el ser deficitario el recurso humano planificador y directriz en el Perú es la causa fundamental para que el SNIP sea simplificado en el Perú.

Aledaño a esta verdad surgen otras preguntas que formulo para descubrir las implicancias de la mutilación del SNIP:

(1) ¿Por qué el desfase entre la idea del PIP y la obra?

La demora promedio del “Ciclo de Proyectos” (Preinversión: Idea, perfil, prefactibilidad, factibilidad = 2.5 a 3 años. Inversión: expediente técnico completo, financiamiento y ejecución = a 1 año. Post-inversión: operación, mantenimiento y evaluación = monitorización de la obra con tiempo indefinido) hace que fácilmente se caiga en el desanimo, lentitud perse del proyecto, deterioro de las gestiones públicas y desesperanza social de la comunidad por óptica falsa de inacción.

La demora de la “fase obligatoria de pre-inversión” hasta lograr la viabilidad se explica también por el excesivo tecnicismo y burocratización del sistema que no guarda relación entre tiempo y tipo de obra proyectada.

Un proyecto se sabe desde el inicio que es un elefante blanco y de plano debe ser rechazado por la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público (DPGM).

Las autoridades municipales, regionales y nacionales tienen en sus oficinas de proyectos de inversión (OPIs) una infinidad de PIP, muchos de ellos mal diseñados, incompletos, archivados en anteriores gestiones, etc., que significan mucho dinero pagado y tirado a la basura. En este contexto también es frecuente descubrir que la causa de falta de inversión en obras redituables que otorguen desarrollo sostenido a las localidades se elaboren nuevamente el mandato actual de forma veloz e inadecuada por el peligro de reversión anual del dinero de inversión; lo que generalmente suele suceder. Ejemplo de esto se observa en los municipios y regiones que ahora disfrutan del canon del Santa y Ancash respectivamente, en donde no se ve obra desde que iniciaron el mandato (10 meses).

(2) ¿Es el momento o no de simplificarlo?

Cuando este sistema (SNIP) opera en una coyuntura económica de poca recaudación y ahorro fiscal escaso puede tal vez servir de filtro restrictivo acorde con la capacidad de gasto, escasez de capitales o financiamiento para no ocasionar un déficit fiscal y expectativas de obra. Pero éste, no es el caso de la coyuntura económica peruana que desde hace algunos años presenta crecimiento alto, ahorro fiscal importante, suficiencia de capitales para inversión y potencialidad en la capacidad de gasto por la importante recaudación. En estas condiciones amerita recortar el SNIP para desarrollo de infraestructura local y regional a expensas del desarrollo de la “cultura de Proyectos”. Se dice que actualmente la mayoría de municipios y regiones cuentan con el dinero y no pueden gastarlo; esto se solucionaría operativizando el sistema de proyectos con las consideraciones ya expresadas.

(3) ¿El sistema y el personal que lo incluye se ha súper burocratizado (leerse, burócrata peyorativamente) y por ende ha vuelto lento la operatividad del sistema o no?

El SNIP debe tener un alto grado de interconexión, medida por la eficacia entre todos sus componentes (UF, UE, OPIS, y DPGM.) y en relación a la capacidad del personal que lo integra. Léase, debe contar no solamente con criterio estrictamente técnico sino también social y sobre todo conocer los lineamientos de planificación nacional, regional y social.

Dentro de estas características matrices debe ser expeditivo en todos sus estamentos. Lamentablemente esto no es así, por otro lado el instrumento legal sobre el cual se ha formulado el SNIP posee muchos elementos que retrasan la decisión al ser demasiado técnicos e incomprensibles.

En conclusión el SNIP debe ser rediseñado, operativisado, agilizado, desburocratizado y simplificado; Esto ha expensas que puedan producirse algunas fallas; En nuestro país la “cultura de proyectos” aun es precaria aunque esta en formación y esta tarea no debe abdicarse.

Contestando puntualmente, los riesgos que pueden producirse al alterarse el ciclo de proyectos por la reformulación o recorte del SNIP pueden ser:

(1) Riesgo de sobre dimensionamiento por defecto en el cálculo del PIP durante la preinversión o intencionalidad de sobre valoración durante la ejecución de la obra.
(2) Viabilizaría el riesgo de constantes ampliaciones de presupuesto.
(3) Ocurriría mayor riesgo de saltar el SNIP proyectos de gran envergadura y o tener estudios de preinversión incompletos.
(4) Riego de la elaboración de PIP no sostenibles, con duplicidad de inversión, que no creen el impacto objetivizado inicialmente, y de baja rentabilidad.
(5) Los PIP se podría prestar a desviaciones con objetivos políticos.
(6) Aumenta el riesgo de inversión.
(7) Riesgo en el uso ineficiente del recurso publico.

En fin las fallas pueden ser múltiples, pero esto no impide para que se diseñen mecanismos de control por resultados y monitorización más eficientes dentro del SNIP, en coordinación con el congreso, la contraloría e incluso con el sistema de defensoría del pueblo y del consumidor.

Dr. Jorge Ramal N.