jueves, 1 de mayo de 2008

TC ordena a Contraloría entregar información que fue reservada

Ahora se podrá conocer detalles de los actos de corrupción en entidades públicas que cometan sus funcionarios y servidores, pues el Tribunal Constitucional ha establecido que el principio de reserva establecido por la ley respecto a los detalles de las acciones de control es aplicable solamente mientras duran las investigaciones, pero que una vez concluidas éstas la información debe ser entregada a quien la solicite.

La decisión que establece un nuevo precedente para el acceso público a la información que manejan las entidades del Estado, está contenida en la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a una acción de habeas data interpuesta por un ciudadano contra la Contraloría General de la República. Esta entidad se negó a proporcionar la información sobre los resultados de las investigaciones que efectuó sobre las irregularidades cometidas por el alcalde y los regidores de la Municipalidad de Contralmirante Villar en Tumbes en el período 2003-2006.

MÁS INFORMACIÓN

De acuerdo con la información del Instituto Peruano de Administración Municipal, desde mayo del 2006 a la fecha se han formalizado cinco denuncias penales y dos demandas civiles de la Contraloría General por actos de corrupción cometidos por funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar en el período 2003-2006.

Por las resoluciones publicadas por la Contraloría en El Peruano se sabe que se trata de irregulares adjudicaciones de terrenos, adquisiciones y contrataciones fraudulentas, obras mal construidas y mal uso de los recursos públicos en general y que ello ha dado lugar a denuncias por peculado, colusión, aprovechamiento del cargo, usurpación de funciones, falsedad y abuso de autoridad, cometidos durante la gestión del alcalde provincial José Siany Rujel. También se sabe que se les ha demandado civilmente para que devuelvan dinero del Programa del Vaso de Leche y por un expediente técnico deficientemente elaborado, pero los detalles de todos estos hechos y de cómo participaron el alcalde, regidores, funcionarios y servidores no ha sido posible conocer hasta ahora por el principio de reserva que la Contraloría invoca para no hacer posible el acceso público a la información contenida en los expedientes que contienen sus investigaciones.

Hace un año se descubrió en una de las computadoras de la Municipalidad el envío de ofertas de terrenos de las playas de Zorritos y de los manglares de Puerto Pizarro hasta por treinta mil dólares, que involucrarían al ex alcalde y al ex procurador de dicha comuna.

COMENTARIO

"Es una decisión que rompe con la larga tradición de la Contraloría sobre las investigaciones que efectúa, pues siempre esta entidad ha invocado el silencio respecto a los detalles de las mismas. Dicho "principio de reserva" no ha permitido saber los nombres de los implicados en los latrocinios y cuáles los niveles de participación de cada uno de ellos, pues lo único que la Contraloría permite conocer a través de las resoluciones que publica en El Peruano es que ha autorizado a su Procurador a denunciar ante la Fiscalía a los "involucrados" en la comisión de tal o cual delito en agravio del Estado por un hecho ilícito que describe en un par de líneas.

En caso ello no ocurra se podrá presentar una demanda de Habeas Data ante el juez civil, una vez que hayan transcurrido quince días después de haber sido solicitada la información por la vía notarial y no haber tenido respuesta satisfactoria".

Dr. Marco Tulio Gutiérrez
Especialista en Derecho Municipal
Director del Instituto Peruano de Administración Municipal

Hay responsabilidad de municipalidad y Ministerio en lo ocurrido en Miraflores

"En lo ocurrido en Miraflores hay responsabilidad del propietario, contratista, municipalidad y Ministerio de Trabajo. La responsabilidad del propietario y el contratista, civil y penal; de la Municipalidad de Miraflores, verificar que el proceso de construcción se realice de acuerdo a los planos; y la del Ministerio de Trabajo, vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad.

Sobre el silencio administrativo positivo en las licencias de construcción. La Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones establece que la revisión de los planos continúa a cargo de las comisiones técnicas en la que participan los representantes de los Colegios de Ingenieros y Arquitectos así como de la propia Municipalidad. Hay dos casos de aprobación automática: para CASAS de un máximo de 120 m2 y con la firma de profesionales responsables para CASAS de hasta cinco pisos. En los demás casos se tiene que obtener una conformidad previa de un Revisor Urbano o de la Comisión Técnica. Por lo tanto lo ocurrido en Miraflores nada tiene que ver con la nueva ley ni mucho menos con el silencio administrativo positivo.

Al momento de pagarse por una licencia de construcción, se paga simultáneamente por las inspecciones que la Municipalidad debe efectuar obligatoriamente sobre las cimentaciones, -como en este caso-, el vaciado de los techos y los acabados de la obra.

La Norma G.050 "SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN" del Reglamento Nacional de Edificaciones establece que toda obra de construcción, deberá contar con un Plan de Seguridad y Salud que garantice la integridad física y salud de sus trabajadores, sean estos de contratación directa o subcontrata y toda persona que de una u otra forma tenga acceso a la obra. El plan de seguridad y salud, deberá integrarse al proceso de construcción.

En cuanto a la profundidad de las excavaciones mayores de 2 m, se requiere contar con el estudio de mecánica de suelos que contenga las recomendaciones del proceso constructivo y que estén refrendadas por un ingeniero civil colegiado, y que si la excavación se realiza en zona adyacente a una edificación existente, se preverá que la cimentación del edificio existente esté suficientemente garantizada. Al excavar bajo el nivel de las cimentaciones existentes, se cumplirá con una estricta programación del proceso constructivo, el mismo que cumplirá con las exigencias del diseño estructural realizado por el ingeniero estructural responsable de las estructuras del edificio.

Dr. Marco Tulio Gutiérrez
Especialista en Derecho Municipal
Director del Instituto Peruano de Administración Municipal

lunes, 28 de abril de 2008

Comunicado de APRODEH: En defensa de los derechos fundamentales

La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) se dirige a la opinión pública para expresar lo siguiente:

1. El 22 de abril de 2008, APRODEH dirigió una carta a los integrantes del Parlamento Europeo, por invitación de bancadas de esta instancia. En dicha misiva expresamos “La Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH y el movimiento peruano de derechos humanos, ha tenido desde los inicios del período de la violencia política, una clara posición de rechazo y condena a los actos de terror de los grupos como SL y el MRTA que operaron en esos años”. Asimismo, emitimos nuestra opinión, en atención a una propuesta de enmienda al párrafo 14 de la Resolución Común sobre la V Cumbre UE-ALC de Lima. Al respecto, señalamos que “Desde hace más de 8 años no se conocen actividades del MRTA, sus principales dirigentes están en prisión, algunos cumplieron sus penas y decenas se encuentran desvinculados viviendo en muchos lugares del mundo. (…) Estimamos que no se debe sobre dimensionar la existencia y actividad de un grupo como el MRTA, que puede servir para perseguir a activistas sociales y opositores políticos, acusándolos injustamente del delito de terrorismo”.

2. Reconocemos el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y nos adherimos a sus conclusiones y recomendaciones. En tal sentido, condenamos rotundamente la violencia de Sendero Luminoso (SL) y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), responsables de la muertes de miles de compatriotas peruanos y peruanas; a la vez que rechazamos el uso de la violencia en cualquiera de sus formas y las consecuencias nefastas que ella desencadena.

3. Creemos que el actual escenario ofrece señales que evidencian autoritarismo e intolerancia. Por tal motivo, la carta enviada expresa nuestra preocupación respecto de este escenario en el cual la calificación del MRTA como un grupo terrorista activo podría servir de pretexto para perseguir a activistas sociales y opositores políticos, acusándolos injustamente del delito de terrorismo, ello considerando la campaña impulsada desde el gobierno por criminalizar la protesta social.

4. En este contexto, exigimos frenar la persecución judicial y las acusaciones sin fundamento a los dirigentes y autoridades comunales, a activistas de derechos humanos, entre otros actores que defienden su justo derecho al agua, a la tierra, a un medio ambiente sano, a la libertad de opinión, de organización y de asociación. Así tenemos los casos de los dirigentes comunales y de las rondas campesinas acusados de terrorismo por oponerse a la presencia de la minería. También tenemos el caso de los detenidos injustamente en Tumbes, como la señora Carmen Azparrent, acusada de terrorismo cuando se trata más bien de una víctima de Sendero Luminoso pues su propio padre, Fermín Azparrent, fue asesinado en Ayacucho en 1989 por dicha agrupación. En ninguno de estos casos las autoridades han podido presentar prueba alguna que señale que las personas detenidas tenían algún propósito delincuencial y mucho menos terrorista.

5. La labor de APRODEH es autónoma y transparente. Por ello, no nos mostramos reacios a someternos a cualquier investigación que se pretenda realizar, relacionada a nuestro accionar institucional.

6. Desde 1983, APRODEH desarrolla una labor de promoción y defensa de los derechos humanos entendidos como valores éticos y principios jurídicos universalmente exigibles, integrales e inalienables, que están por encima de cualquier razón de Estado y son la piedra angular de la convivencia social. A lo largo de estos veinticinco años, APRODEH ha defendido el derecho a la vida, la paz, la verdad y la justicia. Con esa misma firmeza ha asumido la lucha contra la impunidad y la defensa de centenares de personas y comunidades cuyos derechos fueron vulnerados durante el conflicto armado interno que vivió nuestro país entre 1980 y 2000. La lucha a favor de estos principios constituye nuestro emblema. Por ello, condenamos firmemente todo acto terrorista, todo crimen de lesa humanidad y toda forma de abuso e impunidad que pretendan tener cabida en el marco de un sistema democrático y de derechos.

7. Finalmente, desde APRODEH invocamos a las autoridades del gobierno, a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a la opinión pública en general a mantener una actitud vigilante respecto del respeto a los derechos humanos y frente a cualquier amenaza o restricción a los mismos, tales como las detenciones arbitrarias. Aún cuando esta defensa resulte incómoda para ciertos sectores, APRODEH no claudicará en esta apuesta ni en su compromiso, tampoco nos amedrentaremos frente a estos hechos que intentan acallar o desprestigiar una labor reconocida nacional e internacionalmente.

Los peruanos y peruanas apostamos por un país en democracia, justicia y respeto a los derechos de todas las personas. Es esa la misión que identifica a APRODEH y son esos los principios que deben unirnos por encima de cualquier diferencia.
APRODEH

domingo, 27 de abril de 2008

Traidores, Gritan ¡Traición!

El presidente García acusó de traidores a la patria a los directivos de APRODEH, por haber confirmado al Parlamento Europeo que el MRTA es un grupo terrorista actualmente desactivado, sin dejar de advertirles que mantener esa calificación podría servir al gobierno actual para acusar y encarcelar opositores. Tal como ha ocurrido –afirmo yo- con la poeta Melissa Patiño y sus siete amigos.

García Pérez, el hombre que trastocó en óbolo voluntario de las mineras su engañosa promesa de elevar impuestos a sus ganancias, se rindió ante la ira que le causan quienes cumplen con su deber; es decir, quienes no han traicionado.

¡Traición!, repitió Luis Giampietri, marino, hoy vicepresidente que vive en olor de inocencia para quienes han olvidado que trabajó en el SIN de Montesinos, antes de sumarse al Chim Pum Callao de Alex Kouri, para compartir el gobierno y sus ventajas con Alan García. Perdone la crudeza, almirante Miguel Grau.

Y no faltaba más: ¡Traición!, vocifera La Razón, periodicucho cuyo dueño cobraba elevadas sumas giradas por ese paradigma de la infamia de apellido Montesinos, quien a través de Pepe Olaya arrojaba titulares del SIN a las cuevas de la prensa doberman. Disculpen la suciedad, amables lectores.

Pagar, hay que pagar

Ese viernes 25, cuando García desbordaba incontinencia verbal, el ministro Luis Carranza informaba que Perú pagará por adelantado US$ 1,100 millones de su deuda con el BM y el BID. ¿Traición al “cambio responsable”? No, esa tarde se supo que Carranza prepara con García otros pre-pagos, para el segundo semestre.

¡Estamos ante una traición insoportable!, se revuelca de ira Luis Alva Castro, ministro del Interior, responsable político de encubiertos crímenes policiales de por lo menos ocho campesinos; hombre que durante su gobierno ha enrolado en planillas estatales a Víctor López Orihuela, colaborador de Carlos Arana, enlace a su vez con Agustín Mantilla, cuyas huellas nos llevan –otra vez- a Montesinos.

López Orihuela, el mismo que durante la gestión de Hernán Garrido Lecca en Vivienda fue el secretario general del ministerio, encargado de comprar contenidos periodísticos para alimento de la prensa chicha. Vayan anotando: Alva Castro- López Orihuela- Mantilla- Arana- Montesinos. ¿Alguien habló de lealtades?

Sigamos refrescando a olvidadizos. Agustín Mantilla es el mismo que en 1979 fue secretario personal y asesor del constituyente Alan García, en cuyo primer gobierno –julio 1985-julio 1990- se desempeñó como vice ministro y luego titular del Interior. Sí, el mismo Mantilla que en 1995 fue elegido congresista y desde ese cargo se sumó a la banda fuji-montesinista para bloquear cualquier investigación sobre crímenes de su gobierno, como los de Cayara y El Frontón.

Un par de milloncitos
Retrocedamos un poco. No olvidemos que seis meses después de terminado el primer gobierno de García Pérez, se conoció la existencia de unas cuentas en el Unión Bank of Switzerland (UBS), de 2.5 millones de dólares a nombre de Agustín Mantilla. El compañero nunca pudo explicar cómo tenía esa suma. ¿Cuando abrieron esas cuentas?: Entre diciembre de 1990 y enero de 1991.

¿Y quién no recuerda el video que muestra a Alan García con Mantilla, en Bogota, en 1999, meses antes que se realizara la entrega de esos 30 mil dólares en las oficinas del SIN de Montesinos, para la campaña electoral del 2000? En el exilio, como en el reparto, hermanos. Sin traiciones.

Sigamos, a riesgo de “traicionar” la paciencia de los lectores. Ese Mantilla es el mismo al que la dirigencia aprista no tardó en separar por ese ampay, pese a que dijo que actuó por su cuenta. Ese video se difundió a los pocos días que García iniciaba la campaña que luego perdería ante Toledo.

Finalmente, sin ánimo de ser exhaustivo, el martes 4 de junio del 2007, Caretas descubre un almuerzo reservado en un restaurante miraflorino. ¿Los comensales?: Agustín Mantilla, Oscar López Meneses, ex brazo derecho de Montesinos, un general activo apellidado Vértiz y un abogado de nombre Javier Ríos, a quien todos pretendían incorporar al Tribunal Constitucional.

Apristas, fujimoristas, montesinistas. ¿Traición a la memoria de Haya? ¿Copia depreciada del almuerzo del mismo Haya con Manuel Odría, Eudocio Rabinez y Julio de la Piedra? Aquella vez fue la “convivencia” en acción, el necesario “sacrificio” para impedir la reforma agraria y la recuperación del petróleo de Talara. Ahora discuten cómo amarrarse a la mamadera. ¿Quién habla de traiciones? Lobys, le dicen.

Ismael León Arias