viernes, 16 de mayo de 2008

Declaración de la Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas 3

Las organizaciones sociales, políticas y populares, de trabajadores y trabajadoras, de migrantes, las comunidades indígenas y campesinas, el movimiento de mujeres, de jóvenes y sindical de América Latina, el Caribe y Europa, reunidos en Lima durante la Cumbre de los Pueblos, Enlazando Alternativas III, declaramos:

La cooperación y la integración de nuestros pueblos pasan en primer lugar por la construcción de un sistema en el cual los derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales de las mayorías sean prioridad y razón de ser de las políticas gubernamentales. Por lo mismo, rechazamos el proyecto de Acuerdos de Asociación propuesto por la Unión Europea y avalado por diversos gobiernos latinoamericanos y caribeños que solo buscan profundizar y perpetuar el actual sistema de dominación que tanto daño a hecho a nuestros pueblos.

La estrategia de la Unión Europea "Europa Global: Competir en el mundo", supone la profundización de las políticas de competitividad y crecimiento económico que buscan implementar la agenda de sus transnacionales y profundizar las políticas neoliberales, incompatibles con el discurso sobre el cambio climático, la reducción de la pobreza y la cohesión social. A pesar de que se pretende velar su naturaleza incorporando temas de cooperación y diálogo político, la esencia de la propuesta es abrir los mercados de capitales, bienes y servicios, proteger la inversión extranjera y reducir la capacidad del Estado de promover el desarrollo económico y social. Esto tiene implicaciones en ambas regiones:

Para América Latina y el Caribe, esta estrategia reproduce el esquema de los Tratados de Libre Comercio que han suscrito la mayoría de países de la región con Estados Unidos y van más allá de las políticas de la OMC que rechazamos. Los recursos naturales de estos países están siendo explotados indiscriminadamente, desplazando a comunidades enteras, devastando la biodiversidad, agotando las fuentes hídricas, y pauperizando a la mano de obra, y en ello tienen mucha responsabilidad las multinacionales europeas. América Latina ha sido víctima secular del saqueo de las transnacionales y, ahora, cuando avances democráticos estimulan la búsqueda de caminos propios de desarrollo en diversos países y de formas de integración al servicio de los pueblos, varios gobiernos que siguen las recetas del libre comercio estimulan la fragmentación de la región, los enfrentamientos nacionales y las contradicciones entre ellos.

En Europa una de las grandes amenazas para la democracia, la justicia, la paz y el equilibrio ecológico, es el Tratado de Lisboa, que está siendo ratificado por las élites sin consultar a la población y que rechazamos como ya lo hicimos en el pasado. Este tratado refuerza una Europa neoliberal, aumenta la militarización, la exclusión, las desigualdades y la mercantilización, así como endurece las políticas securitarias- represivas. Ello se refleja en un aumento de la precariedad, un ataque generalizado a todos los derechos sociales, en particular a las conquistas laborales. Al mismo tiempo, se acelera la construcción de la "Europa Fortaleza", lo que implica cerrar las fronteras, violando el derecho de asilo y criminalizando los migrantes y los movimientos sociales, creando muros virtuales o reales, que no se diferencian con los que construyen en la frontera al Norte de América.

Los Acuerdos de Asociación que ha firmado la Unión Europea con México y Chile han profundizado las desigualdades y muestran el camino que seguirán quienes firmen estos Acuerdos en Centro América, la Comunidad Andina de Naciones y el MERCOSUR cuyas negociaciones se quiere resucitar. Para los países del Caribe, estos Acuerdos, recientemente firmados, aumentarán la vulnerabilidad y dependencia de sus economías, al mismo tiempo que fracturan la dinámica de integración subregional.

En el momento en que en Lima los gobiernos hablan de cohesión social, cambio climático y reducción de la pobreza, conviene recordar que la principal causa de desigualdad, polarización social, degradación ambiental y discriminaciones, es la primacía del mercado por sobre los derechos de las personas y el otorgamiento de todas las garantías a las corporaciones que eliminan la capacidad estatal de definir proyectos nacionales de desarrollo con la complicidad de los gobiernos. Las transnacionales actúan bajo un doble rasero apoyándose en las asimetrías que los Acuerdos de Asociación tienden a reforzar. En consecuencia, el discurso sobre Cooperación y Diálogo Político es la carnada que esconde el anzuelo de los intereses de esas corporaciones.

Frente a la crisis alimentaria que afecta a decenas de países, denunciamos la hipocresía y las políticas de las instituciones multilaterales (OMC, FMI, BM, BID, BEI) que pretenden esconder sus verdaderas causas: direccionamiento de la producción de los países a la exportación, pérdida del papel del Estado en la regulación alimentaria y conversión de los alimentos en fuente de especulación financiera, todo ello como resultado de las políticas de "libre comercio". Por lo mismo, es inadmisible que se proponga, como salida a la crisis, más liberalización y desprotección. La producción masiva de agrocombustibles agrava las ya difíciles condiciones de vida de millones de habitantes. Rechazamos una vez más esta pretendida salida a la crisis energética y climática.

Ante esta situación, las organizaciones que hacemos parte de Enlazando Alternativas, reiteramos que es posible una integración distinta basada en la libre determinación de los pueblos, el respeto al medio ambiente, a los derechos humanos y a los procesos democráticos emprendido por aquellos gobiernos que se alejan del neoliberalismo y buscan para sus pueblos relaciones de igualdad con todos los países del mundo. Esto supone el fortalecimiento de la cooperación en todos los ámbitos entre los pueblos, el reforzamiento de la solidaridad, el fin de toda forma de discriminaciones y la superación de prácticas violatorias de la soberanía de los países. Como ha mostrado la II Sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos, exigimos justicia y la reparación de los agravios, daños y perjuicios, provocados por las empresas europeas, y el replanteamiento de las relaciones con estas empresas, de tal forma que asuman los pasivos sociales y ambientales en que incurren.

Saludamos las acciones de nacionalización de empresas estratégicas para el desarrollo nacional y los recursos naturales, que pertenecen a los pueblos, no a las transnacionales, como por ejemplo la de la empresa boliviana de telecomunicaciones ETI/ENTEL. Llamamos a los gobiernos que promuevan políticas progresistas a sumarse al proceso de transformación que impulsamos. Rechazamos las desafiantes intervenciones de EE UU y la Unión Europea contra la soberanía de los pueblos. La Unión Europea debe asumir su deuda histórica con los pueblos de América Latina y el Caribe, en particular con los pueblos originarios. Llamamos la atención sobre la dramática situación de Haití, resultado de décadas de expoliación, agravada por la actual ocupación militar. Así mismo denunciamos la política complaciente de la Unión Europea con el gobierno de Colombia.

La única salida de los pueblos latinoamericanos, caribeños y europeos es unirse en torno a la defensa de su bienestar y fortalecer la resistencia y movilización contra las políticas neoliberales. Ella debe nutrirse de los aportes de mujeres, pueblos originarios, campesinos y demás fuerza sociales que, con su presencia masiva en la Cumbre Social, han dado ejemplo de combatividad y de elaboración de alternativas en búsqueda de un progreso sustentado en la armonía con la naturaleza, los derechos humanos y la eliminación de todas las formas de discriminación.

Exigimos a los gobiernos atender efectivamente las demandas de los pueblos por construir otro tipo de relaciones entre las regiones, basadas en la superación del modelo de mercado. Hacemos un llamado a la población a no dejarse engañar más por gobiernos autoritarios que pretenden criminalizar la justa protesta civil. Instamos a los habitantes de América Latina, el Caribe y Europa a sumarse a la fuerza cada vez mayor de organizaciones que buscan un mundo mejor para todos, y así estar a la altura de los desafíos que hoy enfrenta la humanidad.

Invitamos a todas las organizaciones sociales y populares de ambos Continentes a preparar desde ahora la próxima Cumbre Social de los Pueblos, Enlazando Alternativas IV, que tendrá cita en el Estado Español en el año 2010.

miércoles, 14 de mayo de 2008

Nace un Ministerio del Ambiente mordido por los perros del Hortelano

Es claro para muchos, que el tema ambiental es más que un sector, es decir su carácter transversal, es difícil ubicarlo cómodamente en un solo sector o también llamado Ministerio, quizás la Ley General del Ambiente lo ayude en la medida que los demás respeten sus fueros transectoriales y como ente rector de la política ambiental, que dicho sea de paso aun no tenemos definida con claridad, pero lo cierto es que ello no es ninguna garantia como se ha venido mostrando hasta ahora con la existencia del CONAM.
Sin embargo, al leer el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio del Ambiente (MA), nos deja la sensación que los perros del Hortelano que están instalados en algunos sectores del Gobierno, se han dado el gusto de mordisquear este Decreto Legislativo a su gusto y conveniencia, dejando de lado muchas de las propuestas de la Comisión Brack y de las diferentes instituciones como la Defensoria del Pueblo, asi como de Organizaciones de la Sociedad Cvil que platearon con solodez y oportunidad.

Por ejemplo, excluir el manejo de los bosques y la gestión del agua, y dejarlos en el Ministerio de Agricultura es una decisión errada si tenemos en cuenta que estando allí durante muchos años su gestión ha sido ineficiente y quizás con mucha razón, sospechosa por el alto índice que habido y hay de corrupción en el manejo de los Bosques, ¿Por qué debería seguir en Agricultura? La verdad es que no se ha dado ningún argumento válido y coherente para ello, será por que no lo hay, por tanto lo mejor y sano hubiera sido trasladar estas funciones al nuevo Ministerio del Ambiente.
Pero además, desaparece la función en torno al Ordenamiento Territorial, que hoy en el País es una necesidad urgente e impostergable, sin embargo se excluye también de las funciones MA, sin tener claro quien asumirá dicha tarea. Hay propuestas que proponen la creación de una Autoridad para el Ordenamiento Territorial a fin de definir con claridad las funciones que cada porción del territorio tiene y tendrá, de esta manera planificar mejor las diversas actividades que el desarrollo sostenible de un país necesita, mas aún si tomamos en cuenta la seria situación de Cambio Climático que ya nos afecta a todos, lo cierto es que ello queda en el limbo, cuando lo mejor sería mantener esta facultad entre las funciones del nuevo Ministerio.
Seguramente para muchos, este nuevo MA nace con muchas limitaciones pero que es un avance después de todo en el campo de la protección del Medio ambiente y la gestión de los recursos naturales, para otros es una nueva institución sin posibilidades de asumir las importantes tareas que debe desarrollar, tal vez lo aconsejable seria que el Congreso de la República asuma de inmediato la tarea de mejorar esta iniciativa del ejecutivo o en el mejor de los casos apruebe otra norma, resolviendo las limitaciones que aun mantiene este Decreto Legislativo, adicionando todo aquello que el nuevo MA necesita para cumplir a cabalidad con lo que el País demanda y requiere, de lo contrario se corre el riesgo que algunos acuerdos internacionales como el TLC con los EEUU se empañe por la insistencia de mantener en la ineficacia y la corrupción a lo que hasta ahora ha sido la Intendencia Forestal y de Fauna silvestre.

Si la creación del MA era uno de los grandes fuegos artificales con los cuales el Gobierno queria impresionar a los visitantes de la Cumbre ALCUE, debemos decir que por los contenidos del Decreto Legislativo N° 1013, no pasa de ser una simple avellana y nada mas.
Blgo. Sandro Chávez

lunes, 12 de mayo de 2008

¿Atentado de lesa humanidad?

Todos sabemos que la ciudad de la Oroya, Provincia de Yauli Región Junín, es una las diez ciudades más contaminadas del mundo y por lo tanto inhabitable. La Empresa Minera Doe Run, que adquirió todo los activos y los pasivos de la fundición de minerales que opera allí, está obligado a cumplir con un programa nacional de medio ambiente, las que todavía no se saben si las cumplirá, por el momento ya tiene un plazo vencido.

En el mismo corazón de esta ciudad "Oroya Antigua", acaba de ser inaugurada un moderno local escolar para el Centro Educativo "Mariscal Ramón Castilla" (INEI-11) construido con fondos del Gobierno Regional de Junín, en el mismo lugar del antiguo plantel.

El presidente Regional de Junín Dr. Vladimiro Huaroc Portocarrero, el Director del Plantel Prof. Emilio Sosa Coronel y otras autoridades, saludaron este "aporte a la educación"; al parecer, desconociendo el atentado que cometen en contra de la juventud y niñez educativa, exponiendo innecesariamente a alumnos y profesores a altos índices de contaminación, además de alentar nuevas construcciones en un lugar declarada inhabitable.

Desde hace muchos años, la comunidad campesina San Jerónimo de la Oroya y los propietarios de viviendas en la Oroya Antigua han sido notificadas para un inminente traslado de la ciudad a terrenos de Curipata, Shincamachay, Alto Marcavalle etc., por este mismo motivo han sido derruidos los campamentos mineros "Club Peruano", " La Estación ", "Los Plomos", entre otros de propiedad de la Cía. minera.

El ex Instituto Nacional de Educación Industrial (INEI 11), hoy Colegio Nacional "Mariscal Ramón Castilla" tiene un amplio terreno en el anexo de Shincamachay donde se ha edificado algunos pabellones; Pero, por un capricho que nadie entiende, los padres de familia y los mismos profesores han exigido la construcción de este edificio escolar, que no es una simple remodelación, como algunos quieren hacer aparecer; es una nueva construcción desde el cimiento y con consecuencias aun desconocidas.

Si esto se edificara en la ciudad de Chernobyl u otra ciudad con altos índices de contagio, seguramente sería condenada por todos los ambientalistas del mundo, pero como esto sucede en el Perú y en particular en la Oroya, cuyos habitantes "luchan" por defender los intereses de la empresa minera, a costa de no perder su trabajo, nadie dice nada. El mandatario regional puede declarar que "Cumplió con el Pueblo", sin que nadie le refute.

Esto es otro atentado de lesa humanidad contra toda una comunidad estudiantil, teniendo en cuenta que el presidente regional de Junín procede de ONGs, defensores del medio ambiente del mundo y el profesor Sosa es ex alcalde del distrito minero de Morococha; otrora defensor de problemas ambientales producidos por la minería. ¡Es imprescindible una investigación para evitar en el futuro, obras como esta que perjudican antes que dar soluciones y sobre todo se proteja la vida humana!

Gerardo Ramos Alanya
Director de "Visión Regional y Municipal del Perú"

domingo, 11 de mayo de 2008

San Isidro reduce 36% del número obligatorio de estacionamientos

Las nuevas edificaciones destinadas a oficinas comerciales y/o administrativas para el comercio metropolitano en todo San Isidro, así como las ubicadas en la Zona de Reglamentación Especial Camino Real contarán con menos espacio para el estacionamiento de los vehículos de sus clientes, al haber reducido la Municipalidad de dicho distrito la cantidad obligatoria de cajones que debían contar para dicha finalidad.

Una evaluación efectuada por el Instituto Peruano de Administración Municipal (IPAM) de los alcances del Decreto de Alcaldía Nº 017-2008-ALC-MSI, por medio del cual se modifican los parámetros urbanísticos y edificatorios en San Isidro, y que entrará en vigencia mañana lunes 8, concluye que en lo que respecta a estacionamientos se ha reducido en 36% el número obligatorio de estacionamientos señalado en el Decreto de Alcaldía Nº 018-2007-ALC-MSI dictado el año pasado.

Reducción de estacionamientos tomando en cuenta un área techada total de 1,000 m2

Parámetros Condiciones Cajones de estacionamiento
DA-018-2007 x cada 30m2 del 100% del área total techada 33.3333
+ 25% del número obtenido 8.3333
TOTAL DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO 42
DA-017-2008 x cada 35 m2 del 80% del área total techada 22.8571
+ 20% del número obtenido 4.5714
TOTAL DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO 27
Fuente: Instituto Peruano de Administración Municipal-IPAM

En lo que respecta a las zonas residenciales de baja densidad de San Isidro, con la norma anterior quien tuviera un lote mínimo de 300 m2 podía construir un edificio de departamentos de hasta cuatro pisos. Ahora, si el lote tiene 350 m2 como mínimo, podrá construir hasta cinco incrementando en 20% la cantidad de unidades inmobiliarias en tales zonas.

Otra disposición que apunta a la consolidación total de la zona comercial es la referida a evitar la presencia de de vivienda en las zonas de comercio vecinal, zonal y metropolitano.

EL COMENTARIO

"Es preocupante lo ocurrido en San Isidro, pues al haber cedido a las presiones de quienes quieren obtener el máximo de provecho en las construcciones de edificios, la Alcaldía de dicho distrito está creando las condiciones para la tugurización del distrito.

Se benefician los propietarios de edificios de oficinas comerciales pues ahora el espacio que debía dejarse para el estacionamiento de los vehículos de los clientes de las oficinas comerciales y administrativas será 36% menor, con lo que ellos podrán utilizar más espacio para construir más locales comerciales. Se perjudican los usuarios de estacionamientos quienes deberán resolver su necesidad de aparcamiento, estacionando en la vía pública, entorpeciendo la circulación vial.

Se beneficia un sector de los propietarios de los predios de mayor dimensión, que quieren sacar más departamentos por lote, pese al rechazo de quienes quieren mantener el carácter residencial del distrito. Debe tenerse presente que la densificación sin un plan de renovación de la infraestructura de servicios, conduce a la tugurización".

Dr. Marco Tulio Gutiérrez
Abogado Especialista en Derecho Municipal