Ahora se podrá conocer detalles de los actos de corrupción en entidades públicas que cometan sus funcionarios y servidores, pues el Tribunal Constitucional ha establecido que el principio de reserva establecido por la ley respecto a los detalles de las acciones de control es aplicable solamente mientras duran las investigaciones, pero que una vez concluidas éstas la información debe ser entregada a quien la solicite.
La decisión que establece un nuevo precedente para el acceso público a la información que manejan las entidades del Estado, está contenida en la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a una acción de habeas data interpuesta por un ciudadano contra la Contraloría General de la República. Esta entidad se negó a proporcionar la información sobre los resultados de las investigaciones que efectuó sobre las irregularidades cometidas por el alcalde y los regidores de la Municipalidad de Contralmirante Villar en Tumbes en el período 2003-2006.
MÁS INFORMACIÓN
De acuerdo con la información del Instituto Peruano de Administración Municipal, desde mayo del 2006 a la fecha se han formalizado cinco denuncias penales y dos demandas civiles de la Contraloría General por actos de corrupción cometidos por funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar en el período 2003-2006.
Por las resoluciones publicadas por la Contraloría en El Peruano se sabe que se trata de irregulares adjudicaciones de terrenos, adquisiciones y contrataciones fraudulentas, obras mal construidas y mal uso de los recursos públicos en general y que ello ha dado lugar a denuncias por peculado, colusión, aprovechamiento del cargo, usurpación de funciones, falsedad y abuso de autoridad, cometidos durante la gestión del alcalde provincial José Siany Rujel. También se sabe que se les ha demandado civilmente para que devuelvan dinero del Programa del Vaso de Leche y por un expediente técnico deficientemente elaborado, pero los detalles de todos estos hechos y de cómo participaron el alcalde, regidores, funcionarios y servidores no ha sido posible conocer hasta ahora por el principio de reserva que la Contraloría invoca para no hacer posible el acceso público a la información contenida en los expedientes que contienen sus investigaciones.
Hace un año se descubrió en una de las computadoras de la Municipalidad el envío de ofertas de terrenos de las playas de Zorritos y de los manglares de Puerto Pizarro hasta por treinta mil dólares, que involucrarían al ex alcalde y al ex procurador de dicha comuna.
COMENTARIO
"Es una decisión que rompe con la larga tradición de la Contraloría sobre las investigaciones que efectúa, pues siempre esta entidad ha invocado el silencio respecto a los detalles de las mismas. Dicho "principio de reserva" no ha permitido saber los nombres de los implicados en los latrocinios y cuáles los niveles de participación de cada uno de ellos, pues lo único que la Contraloría permite conocer a través de las resoluciones que publica en El Peruano es que ha autorizado a su Procurador a denunciar ante la Fiscalía a los "involucrados" en la comisión de tal o cual delito en agravio del Estado por un hecho ilícito que describe en un par de líneas.
En caso ello no ocurra se podrá presentar una demanda de Habeas Data ante el juez civil, una vez que hayan transcurrido quince días después de haber sido solicitada la información por la vía notarial y no haber tenido respuesta satisfactoria".
La decisión que establece un nuevo precedente para el acceso público a la información que manejan las entidades del Estado, está contenida en la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a una acción de habeas data interpuesta por un ciudadano contra la Contraloría General de la República. Esta entidad se negó a proporcionar la información sobre los resultados de las investigaciones que efectuó sobre las irregularidades cometidas por el alcalde y los regidores de la Municipalidad de Contralmirante Villar en Tumbes en el período 2003-2006.
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De acuerdo con la información del Instituto Peruano de Administración Municipal, desde mayo del 2006 a la fecha se han formalizado cinco denuncias penales y dos demandas civiles de la Contraloría General por actos de corrupción cometidos por funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar en el período 2003-2006.
Por las resoluciones publicadas por la Contraloría en El Peruano se sabe que se trata de irregulares adjudicaciones de terrenos, adquisiciones y contrataciones fraudulentas, obras mal construidas y mal uso de los recursos públicos en general y que ello ha dado lugar a denuncias por peculado, colusión, aprovechamiento del cargo, usurpación de funciones, falsedad y abuso de autoridad, cometidos durante la gestión del alcalde provincial José Siany Rujel. También se sabe que se les ha demandado civilmente para que devuelvan dinero del Programa del Vaso de Leche y por un expediente técnico deficientemente elaborado, pero los detalles de todos estos hechos y de cómo participaron el alcalde, regidores, funcionarios y servidores no ha sido posible conocer hasta ahora por el principio de reserva que la Contraloría invoca para no hacer posible el acceso público a la información contenida en los expedientes que contienen sus investigaciones.
Hace un año se descubrió en una de las computadoras de la Municipalidad el envío de ofertas de terrenos de las playas de Zorritos y de los manglares de Puerto Pizarro hasta por treinta mil dólares, que involucrarían al ex alcalde y al ex procurador de dicha comuna.
COMENTARIO
"Es una decisión que rompe con la larga tradición de la Contraloría sobre las investigaciones que efectúa, pues siempre esta entidad ha invocado el silencio respecto a los detalles de las mismas. Dicho "principio de reserva" no ha permitido saber los nombres de los implicados en los latrocinios y cuáles los niveles de participación de cada uno de ellos, pues lo único que la Contraloría permite conocer a través de las resoluciones que publica en El Peruano es que ha autorizado a su Procurador a denunciar ante la Fiscalía a los "involucrados" en la comisión de tal o cual delito en agravio del Estado por un hecho ilícito que describe en un par de líneas.
En caso ello no ocurra se podrá presentar una demanda de Habeas Data ante el juez civil, una vez que hayan transcurrido quince días después de haber sido solicitada la información por la vía notarial y no haber tenido respuesta satisfactoria".
Dr. Marco Tulio Gutiérrez
Especialista en Derecho Municipal
Director del Instituto Peruano de Administración Municipal
Especialista en Derecho Municipal
Director del Instituto Peruano de Administración Municipal
