sábado, 26 de mayo de 2007

La pena de muerte : ¿ muerto el perro, muerta la rabia ?

El Congreso de Perú está considerando tres leyes que ampliarían el ámbito de aplicación de la pena de muerte. Además, un proyecto de ley sugiere que Perú debería retirarse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un tratado que prohíbe la ampliación de las leyes de pena de muerte de sus Estados Partes.El artículo 140 de la Constitución de Perú, redactado en 1993, establece el uso de la pena de muerte para las personas declaradas culpables de traición en caso de guerra y las declaradas culpables de terrorismo. En los últimos años no se ha condenado a nadie a muerte por estos delitos.

El último proyecto de ley, presentado por el ejecutivo y el partido del Sr. Garcia proponen justamente una reforma del artículo 140 para ampliar el uso de la pena de muerte a las personas declaradas culpables de violar a menores de siete años cuando el autor de la violación mata después a la víctima. Los proyectos de ley van a ser debatidos ahora por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, facultada para rechazarlos o pasarlos a otras comisiones para que hagan sus comentarios antes de que se sometan a votación en el Congreso.

Esta es la situación política actual, la cual no considera el problema desde su óptica causal. Se piensa en soluciones radicales, sin pensar de dónde viene el problema ni cómo responder de mejor manera a una situación que en el fondo tiene mucho más que ver con el ámbito médico que penal. He aqui en 5 puntos porqué la pena de muerte no es la mejor solución al problema que se nos propone.

Primero, este proyecto va en contra de las normas internacionales que buscan limitar la aplicación de la pena de muerte, y contradicen la tendencia mundial hacia la erradicación de la pena capital. Sabemos que en Estados Unidos por ejemplo la pena de muerte existe y en ciertos Estados se utiliza de manera frecuente, pero existen otros Estados donde la pena de muerte ha sido abolida...Cabe recordar que Francia abolió la pena de muerte en el año 1981, osea hace ya 26 años, se supone que las mentalidades han debido evolucionar en ese tiempo, por lo que se vé, en el Perú estamos retrocediendo.

Segundo, si bien es claro que se debe proteger a los menores frente a este tipo de violencia, no se ha demostrado que la pena de muerte tenga un verdadero efecto de disuasión. Retomando el ejemplo de los Estados Unidos, las estadísticas de crímenes en el Estado de Texas desde la primera ejecución en el año 1982 no muestra que ésta haya disminuido por que la pena de muerte existe alli.

Tercero, se piensa que la ejecución del delincuente tendrá un efecto disuasivo sobre potenciales delincuentes. Según esta lógica, muerto el perro muerta la rabia y se debería ver un menor índice de criminalidad. No obstante, esto no se cumple en los hechos ya que es difícil imaginar que un delincuente piense antes de cometer el delito en la pena que se le aplicará si es arrestado. Tomo como ejemplo una vez más los Estados Unidos. El Estado de la Florida estableció la pena de muerte en 1979 y en los años siguientes el índice de homicidios fueron los más altos. Lo mismo sucedió en el estado de Georgia, donde al año siguiente del restablemiento de la pena de muerte la tasa de homicidios se incrementó en un 20 %.


Cuarto, otro argumento de quienes defienden la pena de muerte es que el Estado no debería "subsidiar" la vida de criminales en prisión. Este argumento es meramente económico y no toma en cuenta que los juicios en los que se debe aplicar la pena de muerte, salvo a ser expeditivos y sin ninguna garantía, representan un alto costo económico para el Estado. En estos procesos, que duran más años que un juicio común, los recursos judiciales se reproducen. En el estado de Texas, cada ajusticiamiento cuesta entre dos y tres millones de dólares al Estado.

Quinto, los partidarios de la pena de muerte olvidan el aspecto fundamental de la presunción de inocencia y por ende las injusticias que pueden surgir en la aplicación de la pena de muerte. Este es un problema al cual ningún país ha podido dar una solución satisfactoria y asi evitar la ejecución de personas inocentes. El único problema es que una vez ejecutado el delincuente, no hay manera de volver atrás. Y les hago la pregunta, ¿ qué pasaría si con el paso del tiempo se llega a comprobar que esa persona no cometió los hechos que se le imputaban ?

Sexto, quienes hablan de tener el valor o coraje para adoptar leyes de este tipo no toman en cuenta el tema de los procesos judiciales irregulares, basados en testimonios poco fiables o causas mal defendidas por abogados de oficio. En estas condiciones, la pena de muerte recae sobre las personas de menores recursos económicos o sobre las minorías raciales que no cuentan con una buena defensa. Sobretodo poner la pena de muerte en nuestra sociedad, conocida por su cierto racismo y segregación, provocaría que los acusados “cholos”, “negros” o de otro tipo u origen tengan más posibilidades de recibir la pena de muerte que los llamados “blancos” o “criollos”.

Séptimo, el Perú es un pais donde las fobias a lo otro son bastante grandes (“negros”, “cholos”, “chinos”, homosexuales, etc). Dejar un arma letal en manos de gente impulsiva y emocional, cuyos pareceres obedecen a razones políticas y que llevan el debate por caminos subjetivos es sencillamente equivocarse. De este modo, la aplicación de la pena de muerte no sólo resulta injusta, también vulnera el elemental derecho a la vida.

Octavo, oponerse a la pena capital no equivale a disculpar o minimizar las consecuencias de la delincuencia violenta. Al contrario : la pena de muerte equivale a reconocer que es una política pública destructiva y divisiva que distrae la atención de lo importante y que no concuerda con valores ampliamente sostenidos. Niega la posibilidad de la reconciliación y la rehabilitación. Promueve respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en lugar de buscar explicaciones que puedan dar lugar a estrategias positivas.

Visto lo expuesto he aqui algunas medidas a las cuales nuestros gobernantes deberían pensar primero :

1. Campañas de prevención masiva contra tales abusos, el Ministerio de educación debería implicarse más en este aspecto con campañas en los colegios y sensibilización de los padres de familia y profesores. Es muy poco lo que se hace en el Perú para sensibilizar los padres de familia a estos problemas e instruirlos de manera a tener la actitud idonea y denunciar estos casos.

2. Tratamiento psiquiátrico para las personas que se encuentren en ese estado o sean psiquicamente peligrosas, poniendo a su disposición centros de tratamiento médico y de seguimiento. Las autoridades peruanas no han tomado en cuenta que el problema se puede combatir desde la raíz. No existen en el Perú este tipo de centros.

3. Centrales de atención a víctimas de violencia sexual con números de teléfono de urgencia e intervención mancomunada de servicios de policia y de la infancia.

4. Reparación monetaria a niños abusados ya que ellos lo que quieren es olvidar y recuperarse de esa agresión, dejarlos en el abandono es sumirlos en el abandono. La cuestión infantil en el Perú no es una cuestión de “primeras damas”, es una cuestión seria que hay que combatir de manera frontal y dando los fondos necesarios.

5 Creación de medidas tutelares de protección para niños abusados o en abandono; los consejos distritales deben actuar más directamente en este aspecto y estar comprometidos con el bienestar de los niños que tienen domicilio en su circunscripción. Debe existir un rol de niños y que asistentes sociales se encarguen de comprobar el bienestar físico y educativo de los mismos, haciendo un seguimiento de padres e hijos.

6. Penas ejemplares a los violadores y sobretodo aplicación estricta de las mismas con amplia cobertura periodística. No olvidemos que la legislación peruana contempla ya duras sanciones contra los violadores de menores, con penas que van de los 8 años de prisión a cadena perpetua, contra los violadores de niños menores de 7 años, y penas de 6 a 12 años para los proxenetas de menores (turismos sexual), incluso condena de 4 a 6 años de cárcel a los usuarios de la prostitución infantil.

Como verán no es simplemente una cuestión de decir “muerto el perro muerta la rabia”. Proponer la pena de muerte es una solución fácil y demagógica para hacer creer que estamos resolviendo un problema, el cual es mucho más profundo de lo que se cree. Por lo tanto, proponer la pena de muerte es una mera ilusión de solución a un problema de sociedad complejo el cual necesita, de una vez por todas, la implicación directa y frontal de nuestras autoridades y de todos nosotros.
Carlos Jaïco Carranza, lic. iur.
Abogado / Suiza