IV CUMBRE SINDICAL
UNION EUROPEA-AMERICA LATINA Y CARIBE
DECLARACIÓN
Lima, 16 de abril del 2008
UNION EUROPEA-AMERICA LATINA Y CARIBE
DECLARACIÓN
Lima, 16 de abril del 2008
La Confederación Sindical Internacional (CSI), la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA), la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y otras centrales nacionales han celebrado la IV Cumbre Sindical UE-América Latina y Caribe, habiendo aprobado la siguiente Declaración que se remitirá a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno UE-ALC que se reunirá en mayo en esta ciudad de Lima[1].
Desde la Cumbre de Viena, el sindicalismo internacional ha dado importantes pasos unitarios, con la creación de la mencionada CSI, integrada por 311 organizaciones y 168 millones de afiliados, de la que forma parte la CSA.
Solicitamos que la Cumbre Sindical sea considerada como evento oficial y previo a la de Jefes de Estado y que esta Declaración sea tomada en cuenta al momento de las conclusiones. Dada nuestra responsabilidad en este proceso, nos comprometemos a realizar un seguimiento de los compromisos adoptados y por ello solicitamos una efectiva participación.
I. Fortalecimiento de la integración regional
Los sindicatos euro-latinoamericanos-caribeños apostamos por el fortalecimiento de los procesos de integración sub-regional, y por eso deseamos que el Mercosur, la Comunidad Andina (CAN), y el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), y la Comunidad del Caribe (CARIFORUM/CARICOM) se doten de instituciones eficaces y democráticas que representen realmente a la ciudadanía de los países miembros. También queremos que estos procesos se interrelacionen entre sí y avancen hacia una integración más amplia, saludando por ello iniciativas ya en marcha como la Unión de Naciones de Suramérica (UNASUR) y la Asociación de Estados del Caribe (AEC).
El proceso de integración europeo ha tenido importantes avances desde su creación y más recientemente con las sucesivas ampliaciones y con la adopción del nuevo Tratado, que incluye una Carta de Derechos Fundamentales. La UE debe aún superar su debilidad política y desarrollar una política exterior propia para poder afrontar con otras regiones del mundo, y en particular con America Latina-Caribe desafíos comunes impuestos por la globalización.
En ese sentido, reiteramos el apoyo al establecimiento de una Asociación Estratégica Bi-regional entre la UE y América Latina-Caribe, decidida en la Cumbre de Río en 1999.
Reclamamos que los procesos de integración garanticen que los derechos humanos, incluyendo los derechos de los trabajadores/as, se respeten en todos sus Estados, y que cese la impunidad que todavía subsiste en algunos países, garantizándose los plenos derechos a la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a huelga. Estos derechos también tienen que ser protegidos en el plano supranacional, en cuanto al comportamiento de las transnacionales.
Apoyamos plenamente la Jornada Mundial de Acción convocada por la CSI para el próximo 7 de octubre del 2008 en favor del trabajo decente.
II. La negociación de los Acuerdos de Asociación
II.1 Los mandatos de negociación
Los Acuerdos de Asociación (ADA) que se están negociando actualmente entre la UE, Mercosur, Comunidad Andina y América Central incluyen en un lugar destacado un capítulo de libre comercio centrado en la liberalización de bienes y servicios, incluyendo otros elementos OMC-plus: liberalización de pagos corrientes y movimientos de capital, y de compras gubernamentales, comprendiendo los sectores de agua, energía y transporte. Los ADA promueven además que los países latinoamericanos den un tratamiento a las transnacionales europeas no menos favorable que el otorgado a las propias empresas, lo que se extiende a situaciones en que aquellos países tengan acuerdos con un tercer país.
Junto a ello, los mandatos de negociación tienen además expresiones positivas en el campo productivo, de la cohesión social y de la dimensión sociolaboral. En general, y comparativamente con otros tratados, también destaca la condición bloque a bloque de la negociación, y la inclusión de pilares de diálogo político y cooperación.
Sobre dichos mandatos, nos preocupa particularmente el enfoque neoliberal de libre comercio antes mencionado, al cual nos oponemos porque va en dirección contraria al tipo de integración que defendemos.
Por otra parte, consideramos que el enfoque de los mandatos negociadores sobre las dimensiones de la cohesión social, sociolaboral y participación presenta claros déficits:
- en materia de cohesión social no plantea referencias a instrumentos como los fondos estructurales.
- respecto del tratamiento de las asimetrías, presenta claras autolimitaciones, al afirmar que “todas estas disposiciones se reducirán al mínimo”, y que ”ello será contemplado cuando fuese necesario y reduciendo al mínimo la diferenciación de compromisos entre países”.
- no menciona expresamente a estructuras participativas de la sociedad civil.
- no introduce un pilar sociolaboral, con lo que esta dimensión tiende a quedar incluída en el capitulo sobre cooperación, de forma limitada. Si se toma como antecedente el “capítulo social” en el reciente ADA UE-Sudáfrica, se encuentran contenidos solo básicos.
- no considera la cuestión migratoria, de indudable importancia en la actualidad de los dos bloques.
- no incorpora el tratamiento del cambio climático.
- no prevé la necesidad de analizar el impacto pre y post acuerdo en los aspectos económico-comercial, sociolaboral y medioambiental.
Consideramos que el desarrollo sostenible y el respeto a los procesos de integración sub-regionales preexistentes deben ser un objetivo central de los ADA, y no una mera frase de los ADA. Esto debe quedar convalidada de forma explícita en los distintos capítulos.
Entendemos que un acuerdo que contemple los aspectos sociolaborales y medioambientales constituye una condición necesaria pero no garantiza por si sola la presencia del comercio justo al cual aspiramos.
Los ADA también deben incluir un enfoque de género sistemático y transversal, aplicando los consensos alcanzados en los foros mundiales, para garantizar los derechos y el papel de las mujeres en la sociedad.
II.2 Dimensión comercial
El criterio clave a utilizar es el de comercio justo, siguiendo los planteos que los países en desarrollo efectúan actualmente ante las negociaciones multilaterales en la Ronda de Doha de la OMC, centrado en el principio de la reciprocidad menos que plena y, con ello, en niveles arancelarios que estén en línea con la etapa del desarrollo en que se encuentran los países, así como en la no aceptación de intercambios de concesiones entre sectores (agrícola, industria y servicios).
Los ADA deben reconocer las grandes diferencias que separan a la UE de las regiones latinoamericanas y caribeñas, de forma explícita en todos los apartados de las negociaciones.
Los ADA deben tener repercusiones económicas directas positivas para ambas partes, no condicionando ni afectando las necesarias estrategias de desarrollo productivo que adoptan los países y regiones de América Latina-Caribe. Este enfoque está claramente planteado en la Plataforma Laboral de las Américas (PLA) elaborada por el sindicalismo de la región en el 2005.
Complementariamente, los acuerdos deben contener cláusulas claras, medibles y cuantificables en relación a la transferencia tecnológica.
En el marco de las negociaciones bloque a bloque, consideramos adecuado la incorporación de un trato especial, diferenciado y flexible, de acuerdo a las necesidades y sensibilidades de los distintos países. Un ejemplo en este sentido son las garantías alcanzadas por Bolivia en sus negociaciones con la UE.
Los ADA deben resolver adecuadamente el problema agrícola, que tiene impacto en la población campesina e indígena de América Latina-Caribe. El tema agrícola se vincula con cuestiones más amplias, como el uso indiscriminado de la tierra, la actual crisis alimentaria mundial, el acceso del agua, el uso de transgénicos y agrotóxicos, la energía, el cambio climático, que son cuestiones estrechamente vinculadas y tienen dimensiones y soluciones transversales.
En las negociaciones con el área andina y América Central debe utilizarse un enfoque SGP plus (en vez de OMC plus), es decir, que los ADA partan de los beneficios comerciales que tienen sus países en el mercado comunitario por la vigencia del Sistema Generalizado de Preferencias, como alternativa al enfoque que considera que, por ser unilaterales, esos beneficios deben ahora ser rediscutidos.
II.3 Dimensión sociolaboral
Los acuerdos deben incorporar un “cuarto pilar” sociolaboral basado en el reconocimiento de estándares laborales mínimos y el desaliento al “dumping social”. La vigencia de estas normas debe impedir que las Partes alienten el comercio y la inversión extranjera (incluyendo la dirigida a zonas francas industriales) mediante la ampliación o el mantenimiento de una ventaja competitiva a través de la disminución del nivel de protección dispuesto por las leyes sociales y laborales nacionales, su derogación o la falta de aplicación. La actuación de las empresas transnacionales y sus empresas contratistas tiene que ser contemplada desde la perspectiva de su responsabilidad social y legal.
Es necesario hacer referencia a la plena vigencia de los derechos humanos en general, y los laborales en particular, tanto en el sector público como en el privado, incluyéndose mecanismos eficaces de seguimiento y cumplimiento que garantice su aplicación irrestricta en el campo comercial. Ello debe incluir la estipulación de sanciones comerciales o económicas efectivas y suficientemente elevadas como para constituir un desincentivo, destinando lo obtenido a mejorar las normas sociales y las condiciones de trabajo en los sectores y ámbitos que dieron origen a los problemas en cuestión. Estos instrumentos tienen que ser parte del propio acuerdo, con autonomía de instrumentos externos.
Las relaciones entre la UE y América Latina-Caribe deben tener presente, para influir de forma positiva, sobre algunas dramáticas situaciones nacionales de violación de los derechos humanos, incluyendo los sindicales, en Colombia, Guatemala, y en cualquier otro país. Al respecto, deben eliminarse las leyes que criminalizan la protesta y la acción sindical y social.
Debe establecerse que para la cuestión sociolaboral rigen las mismas disposiciones estándares del resto del ADA, como forma de que lo estipulado en ese pilar quede sujeto a similar trato en materia de resolución de conflictos.
Los instrumentos específicos de este pilar deben ser:
- una mención explícita sobre las normas de la OIT (convenios y recomendaciones), estableciendo un criterio vinculante. Tales normas son las ocho consideradas fundamentales por la Declaración de 1998, así como otras consideradas “prioritarias” por la propia OIT (C122 sobre la política del empleo, C81 y C129 sobre la inspección del trabajo, C144 sobre la consulta tripartita) e incluso otras que también gozan de un amplio apoyo (C155 sobre seguridad y salud de los trabajadores, C102 sobre seguridad social, C103 sobre protección de la maternidad C135 sobre los representantes de los trabajadores, C169 sobre las poblaciones indígenas, R193 sobre promoción de las cooperativas, R195 sobre el desarrollo de los recursos humanos, R198 sobre la relación de trabajo. Deben incorporarse también las legislaciones nacionales más avanzadas de cada uno de los bloques firmantes, así como instrumentos subregionales (por ejemplo la Declaración Sociolaboral del Mercosur). En el caso que los convenios no hayan sido ratificados por algunas de los países en la situación de partida, debiera tomarse un compromiso al respecto.
- el compromiso de respetar las Directrices de la OCDE sobre Empresas Multinacionales, la Declaración Tripartita de la OIT sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social, el Protocolo de Kyoto y otros acuerdos multilaterales sobre medio ambiente, y las convenciones sobre derechos humanos en general.
- la incorporación de las experiencias de acuerdos marco internacionales entre federaciones sindicales internacionales y empresas transnacionales con casa matriz europea y filiales en América Latina-Caribe.
- el reconocimiento de los trabajadores autoempleados, mediante políticas publicas que los ayude a formalizarse.
II.4 Dimensión participativa
La propia experiencia europea en materia de participación muestra claroscuros: las consultas que se efectúan en el plano regional no pueden considerarse como tales, ya que habitualmente son meras entregas de información en breves reuniones. Esta situación tiende a repetirse en las negociaciones con los países andinos y de América Central, mediante lo que se denomina “cuartos de al lado”, que no reconocen el derecho de consulta sino que se limitan a proporcionar información unilateral. En los acuerdos ya firmados con UE en la región, el mexicano no ha incluído estructuras participativas y el chileno no ha creado aún el Consejo Económico y Social y el Comité Consultivo Mixto. Asimismo, la negociación UE-Mercosur se ha desarrollado en un ambiente opaco en esta materia.
Respecto de los países de América Latina-Caribe que estàn negociando ADA con la UE, es evidente la falta de transparencia en cuanto a sus mandatos negociadores, los cuales no son conocidos.
Un antecedente positivo es el acuerdo alcanzado en el 2004 por los negociadores europeos con los representantes del Mercosur, en cuanto a la creación de un organismo conjunto de seguimiento CESE-FCES, el reconocimiento del Forum Laboral entre las mismas estructuras, y la obligatoriedad de cumplimiento de los convenios fundamentales de la OIT, que habían sido demandas sindicales. Este enfoque está siendo tomado en cuenta por la CES y el sindicalismo andino y de América Central, para similares propuestas en materia de un Comité Económico y Social Andino, aprovechando también algunos contenidos del Acuerdo de Dialogo Político y Cooperación firmado en 2003 y que no fue ratificado.
El elemento participativo de los ADA deberá reflejarse en la transparencia y apertura al sindicalismo y los otros sectores de la sociedad civil organizada, mediante:
- Comités Consultivos Mixtos en cada ADA, integrados por los Comités Económicos y Sociales, o sus equivalentes, y el CESE, garantizando los recursos necesarios para su efectiva participación en el proceso.
- un foro sobre comercio y desarrollo sostenible, a reunirse dos veces al año, para realizar consultas sobre cuestiones y problemas sociales mediante una discusión pública entre organizaciones de empleadores, de trabajadores y ogs. En esas consultas debería estipularse un claro equilibrio entre los representantes de los tres sectores.
A través de estas estructuras, o de otras específicas deben crearse mecanismos que permitan:
- la información, consulta y participación durante las negociaciones, con acceso en tiempo y forma a los borradores.
- el monitoreo y evaluación de la aplicación de los ADA, mediante la presentación de informes periódicos sobre los adelantos realizados para poner en práctica los compromisos de los ADA, considerando todos los aspectos inherentes a su repercusión social y económica (incluyendo acceso a servicios públicos de calidad) y la utilización de distintas políticas (entre ellas, políticas relacionadas con el comercio) destinadas a conseguir desarrollo industrial.
- la presentacíón, por las organizaciones de trabajadores/as y de empleadores de ambas partes, de comunicaciones respecto de problemas sociales observados, pidiendo a los gobiernos acciones que se traduzcan en un seguimiento y revisión constante de lo estipulado, con miras a evitar que los gobiernos violen o permitan la violación de los derechos de los trabajadores. Estas peticiones deberán tener un rápido y adecuado tratamiento por expertos independientes bien calificados, cuyas recomendaciones sean resueltas rápidamente, a fin de posibilitar que los gobiernos se ocupen debidamente de ellas.
- la participación en la evaluación pre y post acuerdo sobre los impactos de los ADA en las tres dimensiones del desarrollo sostenible.
III. Cohesión social y desarrollo sostenible
Los ADA deben incluír medidas de cohesión y justicia social que reduzcan sus eventuales efectos negativos en materia de pobreza, precariedad e informalidad laboral y desplazamientos migratorios, y fomenten el trabajo decente que promueve la OIT como factor esencial para la cohesión social.
Se necesitan mecanismos correctores de las asimetrías entre las dos regiones, con base en la experiencia europea de los fondos estructurales de cohesión y solidaridad. Este enfoque ya figuraba en la Cumbre de Guadalajara por medio del programa EuroSocial, el cual debería complementarse con nuevos programas dotados de mayores recursos financieros.
Estos mecanismos tienen que ser financiados por la UE (a través de, por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones) y aquellos países que son los prinpales beneficiarios del comercio y de las inversiones. También es necesaria la participación de los sectores sociales en el diseño e implementación de estos instrumentos.
La cuestión migratoria debe ser reconocida como un elemento vinculado al desarrollo sostenible, en cuanto al derecho a no migrar, y estar presente de forma transversal en los ADA, quedando incluída en el diálogo político, en el capitulo sociolaboral, para garantizar los derechos de los migrantes en los países de origen, y en el capítulo comercial, en cuanto a un tratamiento adecuado de las remesas.
Conscientes de que Europa es una receptora creciente de migrantes económicos, pedimos que la UE contribuya con acuerdos y programas que faciliten la migración regular, la inserción económica, social y cultural de los migrantes y la plena garantía de los derechos laborales, sindicales, sociales y civiles, para el/la migrante y su familia.
En el marco de los lazos históricos y culturales que unen a las dos regiones, solicitamos también una política proactiva e integral de migración, asentada en reglas precisas de admisión y residencia que respete la dignidad de las personas. Tal política debería estar basada en el marco de derechos de los migrantes recogidos en las Convenciones de Naciones Unidas (Convención Internacional de la ONU sobre protección de los derechos de todos los trabajadores y sus familiares) y en convenios de la OIT (C 97, C 143 y C 157).
Ha sido muy positiva la reciente firma del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social durante la XVII Cumbre Iberoamericana, que tiene por objetivo que los trabajadores migrantes puedan gozar, en sus países de origen, de los beneficios generados con su trabajo en los países receptores. Asimismo, hacen un llamamiento por la rápida y eficaz aplicación de este convenio, y en favor de que otros paises de la UE puedan sigan el mismo principio.
Expresamos un absoluto rechazo a todas las formas de tráfico de seres humanos, muy especialmente el que afecta a mujeres y niños. Alertamos sobre la creciente feminización de la migración, ya que representan la mitad del total de migrantes, y sufren mayores riesgos al migrar.
Condenamos la construcción por parte de los Estados Unidos del “muro” en la frontera con México y lo consideramos un problema de toda la región.
Pedimos la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el diseño de las políticas públicas sobre migraciones. En particular, deben involucrarse a las organizaciones sindicales en los temas de inserción laboral, así como en los aspectos de formacion y empleo, tanto en los países de origen como en los de destino
IV. Cambio climático y desarrollo sostenible
El actual modelo de desarrollo es injusto socialmente e insostenible medioambientalmente.
El desarrollo sostenible requiere la protección medioambiental. La creación de trabajos decentes y medioambientalmente responsables es el único camino para garantizar los medios de vida de millones de trabajadores/as.
Como demuestran claramente los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en la actualidad los países de América Latina-Caribe sufren con intensidad las consecuencias del agravamiento del cambio climático, lo que genera consecuencias negativas para la población, contribuyen poderosamente a la pobreza y la falta de cohesión social y seguirán alimentando en gran medida las migraciones.
Buena parte de la degradación medioambiental es causada por la acción humana y fundamentalmente por la acción depredatoria de las empresas, especialmente las transnacionales. Dada la importancia de estos recursos para el desarrollo sostenible, recomendamos que las organizaciones de la sociedad civil, y particularmente los sindicatos, se involucren más en programas de promoción de un uso responsable de éstos, y pedimos programas de cooperación e intercambios de buenas prácticas sobre una utilización de dichos recursos que beneficie a las comunidades que las poseen, sin perjudicar al medio ambiente.
La cooperación en materia de cambio climático debe permitir vincular de forma duradera la preservación ecológica, el crecimiento económico y la creación de empleos decentes.
LLAMAMIENTO A LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE AMERICA LATINA Y CARIBE Y DE LA UNIÓN EUROPEA
- Demandamos a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno iniciativas politicas para fortalecer los procesos de integración regional y sub regional;
- Reclamamos que la Asociación Bi-regional UE-ALC se base en criterios de equidad y equlibrio entre ambas regiones para lo cual es preciso que se impulsen acciones correctoras de las asimetrías;
- Exigimos que los ADA no se basen en criterios neoliberales librecambistas sino en los principios del comercio justo;
- Los ADA no deben limitarse a los aspectos comerciales sino que deben contemplar en toda su integridad una Asociación con dialogo politico, cooperación y dimension social;
- La Cumbre Sindical reclama a la UE, a la CAN, al Mercosur y a America Central que se establezcan mecanismos de consulta y participación efectiva (superando la mera información puntual) de la sociedad civil y particularmente de los sindicatos, tanto en el transcurso de las negociaciones como en el seguimiento de los eventuales Acuerdos;
- Demandamos un reconocimiento especifico de las organizaciones sindicales y de mecanismos por ellas creados como el Foro Laboral UE-Mercosur;
- Demandamos el cumplimiento por parte del gobierno chileno del contenido del ADA con la UE en lo referente a la creación de un Consejo Economico y Social, y el subsiguiente Comité Mixto entre este y el CESE de la UE;
- Instamos al gobierno mexicano para que un organismo consultivo similar sea creado en México;
- Pedimos el cumplimiento efectivo del Capítulo Social incluído en el acuerdo entre los países del Caribe y la UE, así como del compromiso sobre formación y capacitación de actores no gubernamentales;
- Reiteramos la necesidad de un cuarto pilar, junto al comercial, de cooperación y de dialogo politico que integre la dimensión sociolaboral;
- Reclamamos que las empresas transnacionales sean obligadas a respetar los instrumentos establecidos por la OIT y por la OCDE;
- Llamamos a los gobiernos a que garanticen el respeto de los derechos humanos en todos los paises y particularmente los derechos sindicales de los trabajadores.
- Exigimos que se acabe con la impunidad que aun existe en diversos países (como Colombia y Guatemala) por parte de quienes asesinan y persiguen a los sindicalistas;
- Condenamos el bloqueo y el embargo económico contra Cuba y pedimos su levantamiento;
- Reclamamos que la igualdad de género forme parte de manera destacada de los contenidos de los ADA;
- Reclamamos a los gobiernos europeos que cesen los ataques al modelo social europeo para preservar las conquistas de los trabajadores europeos y para que pueda servir de referencia en los paises socios de la UE;
- Demandamos a los gobiernos de América Latina-Caribe y de la UE que integren en sus negociaciones los principios del desarrollo sostenible y que trasladen ese enfoque a las instituciones multilaterales de las que forman parte;
- Pedimos que los sindicatos participen en las politicas públicas sobre las migraciones y que éstas se basen en el reconocimiento de los derechos laborales y civiles de los migrantes.
- Solicitamos el reconocimiento de los derechos de los trabajadores/as autoempleados.
- Reclamamos el levantamiento del muro construido por Estados Unidos en su frontera con México;
- Combatimos las tendencias xenofobas que se dan en algunos paises de la UE y también en otros de América Latina-Caribe, y exijimos a las autoridades nacionales el cese de toda medida discriminatoria;
[1] Esta Declaración también será dirigida a las cumbres bilaterales UE-MERCOSUR, UE-CAN y UE-America Central.
Desde la Cumbre de Viena, el sindicalismo internacional ha dado importantes pasos unitarios, con la creación de la mencionada CSI, integrada por 311 organizaciones y 168 millones de afiliados, de la que forma parte la CSA.
Solicitamos que la Cumbre Sindical sea considerada como evento oficial y previo a la de Jefes de Estado y que esta Declaración sea tomada en cuenta al momento de las conclusiones. Dada nuestra responsabilidad en este proceso, nos comprometemos a realizar un seguimiento de los compromisos adoptados y por ello solicitamos una efectiva participación.
I. Fortalecimiento de la integración regional
Los sindicatos euro-latinoamericanos-caribeños apostamos por el fortalecimiento de los procesos de integración sub-regional, y por eso deseamos que el Mercosur, la Comunidad Andina (CAN), y el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), y la Comunidad del Caribe (CARIFORUM/CARICOM) se doten de instituciones eficaces y democráticas que representen realmente a la ciudadanía de los países miembros. También queremos que estos procesos se interrelacionen entre sí y avancen hacia una integración más amplia, saludando por ello iniciativas ya en marcha como la Unión de Naciones de Suramérica (UNASUR) y la Asociación de Estados del Caribe (AEC).
El proceso de integración europeo ha tenido importantes avances desde su creación y más recientemente con las sucesivas ampliaciones y con la adopción del nuevo Tratado, que incluye una Carta de Derechos Fundamentales. La UE debe aún superar su debilidad política y desarrollar una política exterior propia para poder afrontar con otras regiones del mundo, y en particular con America Latina-Caribe desafíos comunes impuestos por la globalización.
En ese sentido, reiteramos el apoyo al establecimiento de una Asociación Estratégica Bi-regional entre la UE y América Latina-Caribe, decidida en la Cumbre de Río en 1999.
Reclamamos que los procesos de integración garanticen que los derechos humanos, incluyendo los derechos de los trabajadores/as, se respeten en todos sus Estados, y que cese la impunidad que todavía subsiste en algunos países, garantizándose los plenos derechos a la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a huelga. Estos derechos también tienen que ser protegidos en el plano supranacional, en cuanto al comportamiento de las transnacionales.
Apoyamos plenamente la Jornada Mundial de Acción convocada por la CSI para el próximo 7 de octubre del 2008 en favor del trabajo decente.
II. La negociación de los Acuerdos de Asociación
II.1 Los mandatos de negociación
Los Acuerdos de Asociación (ADA) que se están negociando actualmente entre la UE, Mercosur, Comunidad Andina y América Central incluyen en un lugar destacado un capítulo de libre comercio centrado en la liberalización de bienes y servicios, incluyendo otros elementos OMC-plus: liberalización de pagos corrientes y movimientos de capital, y de compras gubernamentales, comprendiendo los sectores de agua, energía y transporte. Los ADA promueven además que los países latinoamericanos den un tratamiento a las transnacionales europeas no menos favorable que el otorgado a las propias empresas, lo que se extiende a situaciones en que aquellos países tengan acuerdos con un tercer país.
Junto a ello, los mandatos de negociación tienen además expresiones positivas en el campo productivo, de la cohesión social y de la dimensión sociolaboral. En general, y comparativamente con otros tratados, también destaca la condición bloque a bloque de la negociación, y la inclusión de pilares de diálogo político y cooperación.
Sobre dichos mandatos, nos preocupa particularmente el enfoque neoliberal de libre comercio antes mencionado, al cual nos oponemos porque va en dirección contraria al tipo de integración que defendemos.
Por otra parte, consideramos que el enfoque de los mandatos negociadores sobre las dimensiones de la cohesión social, sociolaboral y participación presenta claros déficits:
- en materia de cohesión social no plantea referencias a instrumentos como los fondos estructurales.
- respecto del tratamiento de las asimetrías, presenta claras autolimitaciones, al afirmar que “todas estas disposiciones se reducirán al mínimo”, y que ”ello será contemplado cuando fuese necesario y reduciendo al mínimo la diferenciación de compromisos entre países”.
- no menciona expresamente a estructuras participativas de la sociedad civil.
- no introduce un pilar sociolaboral, con lo que esta dimensión tiende a quedar incluída en el capitulo sobre cooperación, de forma limitada. Si se toma como antecedente el “capítulo social” en el reciente ADA UE-Sudáfrica, se encuentran contenidos solo básicos.
- no considera la cuestión migratoria, de indudable importancia en la actualidad de los dos bloques.
- no incorpora el tratamiento del cambio climático.
- no prevé la necesidad de analizar el impacto pre y post acuerdo en los aspectos económico-comercial, sociolaboral y medioambiental.
Consideramos que el desarrollo sostenible y el respeto a los procesos de integración sub-regionales preexistentes deben ser un objetivo central de los ADA, y no una mera frase de los ADA. Esto debe quedar convalidada de forma explícita en los distintos capítulos.
Entendemos que un acuerdo que contemple los aspectos sociolaborales y medioambientales constituye una condición necesaria pero no garantiza por si sola la presencia del comercio justo al cual aspiramos.
Los ADA también deben incluir un enfoque de género sistemático y transversal, aplicando los consensos alcanzados en los foros mundiales, para garantizar los derechos y el papel de las mujeres en la sociedad.
II.2 Dimensión comercial
El criterio clave a utilizar es el de comercio justo, siguiendo los planteos que los países en desarrollo efectúan actualmente ante las negociaciones multilaterales en la Ronda de Doha de la OMC, centrado en el principio de la reciprocidad menos que plena y, con ello, en niveles arancelarios que estén en línea con la etapa del desarrollo en que se encuentran los países, así como en la no aceptación de intercambios de concesiones entre sectores (agrícola, industria y servicios).
Los ADA deben reconocer las grandes diferencias que separan a la UE de las regiones latinoamericanas y caribeñas, de forma explícita en todos los apartados de las negociaciones.
Los ADA deben tener repercusiones económicas directas positivas para ambas partes, no condicionando ni afectando las necesarias estrategias de desarrollo productivo que adoptan los países y regiones de América Latina-Caribe. Este enfoque está claramente planteado en la Plataforma Laboral de las Américas (PLA) elaborada por el sindicalismo de la región en el 2005.
Complementariamente, los acuerdos deben contener cláusulas claras, medibles y cuantificables en relación a la transferencia tecnológica.
En el marco de las negociaciones bloque a bloque, consideramos adecuado la incorporación de un trato especial, diferenciado y flexible, de acuerdo a las necesidades y sensibilidades de los distintos países. Un ejemplo en este sentido son las garantías alcanzadas por Bolivia en sus negociaciones con la UE.
Los ADA deben resolver adecuadamente el problema agrícola, que tiene impacto en la población campesina e indígena de América Latina-Caribe. El tema agrícola se vincula con cuestiones más amplias, como el uso indiscriminado de la tierra, la actual crisis alimentaria mundial, el acceso del agua, el uso de transgénicos y agrotóxicos, la energía, el cambio climático, que son cuestiones estrechamente vinculadas y tienen dimensiones y soluciones transversales.
En las negociaciones con el área andina y América Central debe utilizarse un enfoque SGP plus (en vez de OMC plus), es decir, que los ADA partan de los beneficios comerciales que tienen sus países en el mercado comunitario por la vigencia del Sistema Generalizado de Preferencias, como alternativa al enfoque que considera que, por ser unilaterales, esos beneficios deben ahora ser rediscutidos.
II.3 Dimensión sociolaboral
Los acuerdos deben incorporar un “cuarto pilar” sociolaboral basado en el reconocimiento de estándares laborales mínimos y el desaliento al “dumping social”. La vigencia de estas normas debe impedir que las Partes alienten el comercio y la inversión extranjera (incluyendo la dirigida a zonas francas industriales) mediante la ampliación o el mantenimiento de una ventaja competitiva a través de la disminución del nivel de protección dispuesto por las leyes sociales y laborales nacionales, su derogación o la falta de aplicación. La actuación de las empresas transnacionales y sus empresas contratistas tiene que ser contemplada desde la perspectiva de su responsabilidad social y legal.
Es necesario hacer referencia a la plena vigencia de los derechos humanos en general, y los laborales en particular, tanto en el sector público como en el privado, incluyéndose mecanismos eficaces de seguimiento y cumplimiento que garantice su aplicación irrestricta en el campo comercial. Ello debe incluir la estipulación de sanciones comerciales o económicas efectivas y suficientemente elevadas como para constituir un desincentivo, destinando lo obtenido a mejorar las normas sociales y las condiciones de trabajo en los sectores y ámbitos que dieron origen a los problemas en cuestión. Estos instrumentos tienen que ser parte del propio acuerdo, con autonomía de instrumentos externos.
Las relaciones entre la UE y América Latina-Caribe deben tener presente, para influir de forma positiva, sobre algunas dramáticas situaciones nacionales de violación de los derechos humanos, incluyendo los sindicales, en Colombia, Guatemala, y en cualquier otro país. Al respecto, deben eliminarse las leyes que criminalizan la protesta y la acción sindical y social.
Debe establecerse que para la cuestión sociolaboral rigen las mismas disposiciones estándares del resto del ADA, como forma de que lo estipulado en ese pilar quede sujeto a similar trato en materia de resolución de conflictos.
Los instrumentos específicos de este pilar deben ser:
- una mención explícita sobre las normas de la OIT (convenios y recomendaciones), estableciendo un criterio vinculante. Tales normas son las ocho consideradas fundamentales por la Declaración de 1998, así como otras consideradas “prioritarias” por la propia OIT (C122 sobre la política del empleo, C81 y C129 sobre la inspección del trabajo, C144 sobre la consulta tripartita) e incluso otras que también gozan de un amplio apoyo (C155 sobre seguridad y salud de los trabajadores, C102 sobre seguridad social, C103 sobre protección de la maternidad C135 sobre los representantes de los trabajadores, C169 sobre las poblaciones indígenas, R193 sobre promoción de las cooperativas, R195 sobre el desarrollo de los recursos humanos, R198 sobre la relación de trabajo. Deben incorporarse también las legislaciones nacionales más avanzadas de cada uno de los bloques firmantes, así como instrumentos subregionales (por ejemplo la Declaración Sociolaboral del Mercosur). En el caso que los convenios no hayan sido ratificados por algunas de los países en la situación de partida, debiera tomarse un compromiso al respecto.
- el compromiso de respetar las Directrices de la OCDE sobre Empresas Multinacionales, la Declaración Tripartita de la OIT sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social, el Protocolo de Kyoto y otros acuerdos multilaterales sobre medio ambiente, y las convenciones sobre derechos humanos en general.
- la incorporación de las experiencias de acuerdos marco internacionales entre federaciones sindicales internacionales y empresas transnacionales con casa matriz europea y filiales en América Latina-Caribe.
- el reconocimiento de los trabajadores autoempleados, mediante políticas publicas que los ayude a formalizarse.
II.4 Dimensión participativa
La propia experiencia europea en materia de participación muestra claroscuros: las consultas que se efectúan en el plano regional no pueden considerarse como tales, ya que habitualmente son meras entregas de información en breves reuniones. Esta situación tiende a repetirse en las negociaciones con los países andinos y de América Central, mediante lo que se denomina “cuartos de al lado”, que no reconocen el derecho de consulta sino que se limitan a proporcionar información unilateral. En los acuerdos ya firmados con UE en la región, el mexicano no ha incluído estructuras participativas y el chileno no ha creado aún el Consejo Económico y Social y el Comité Consultivo Mixto. Asimismo, la negociación UE-Mercosur se ha desarrollado en un ambiente opaco en esta materia.
Respecto de los países de América Latina-Caribe que estàn negociando ADA con la UE, es evidente la falta de transparencia en cuanto a sus mandatos negociadores, los cuales no son conocidos.
Un antecedente positivo es el acuerdo alcanzado en el 2004 por los negociadores europeos con los representantes del Mercosur, en cuanto a la creación de un organismo conjunto de seguimiento CESE-FCES, el reconocimiento del Forum Laboral entre las mismas estructuras, y la obligatoriedad de cumplimiento de los convenios fundamentales de la OIT, que habían sido demandas sindicales. Este enfoque está siendo tomado en cuenta por la CES y el sindicalismo andino y de América Central, para similares propuestas en materia de un Comité Económico y Social Andino, aprovechando también algunos contenidos del Acuerdo de Dialogo Político y Cooperación firmado en 2003 y que no fue ratificado.
El elemento participativo de los ADA deberá reflejarse en la transparencia y apertura al sindicalismo y los otros sectores de la sociedad civil organizada, mediante:
- Comités Consultivos Mixtos en cada ADA, integrados por los Comités Económicos y Sociales, o sus equivalentes, y el CESE, garantizando los recursos necesarios para su efectiva participación en el proceso.
- un foro sobre comercio y desarrollo sostenible, a reunirse dos veces al año, para realizar consultas sobre cuestiones y problemas sociales mediante una discusión pública entre organizaciones de empleadores, de trabajadores y ogs. En esas consultas debería estipularse un claro equilibrio entre los representantes de los tres sectores.
A través de estas estructuras, o de otras específicas deben crearse mecanismos que permitan:
- la información, consulta y participación durante las negociaciones, con acceso en tiempo y forma a los borradores.
- el monitoreo y evaluación de la aplicación de los ADA, mediante la presentación de informes periódicos sobre los adelantos realizados para poner en práctica los compromisos de los ADA, considerando todos los aspectos inherentes a su repercusión social y económica (incluyendo acceso a servicios públicos de calidad) y la utilización de distintas políticas (entre ellas, políticas relacionadas con el comercio) destinadas a conseguir desarrollo industrial.
- la presentacíón, por las organizaciones de trabajadores/as y de empleadores de ambas partes, de comunicaciones respecto de problemas sociales observados, pidiendo a los gobiernos acciones que se traduzcan en un seguimiento y revisión constante de lo estipulado, con miras a evitar que los gobiernos violen o permitan la violación de los derechos de los trabajadores. Estas peticiones deberán tener un rápido y adecuado tratamiento por expertos independientes bien calificados, cuyas recomendaciones sean resueltas rápidamente, a fin de posibilitar que los gobiernos se ocupen debidamente de ellas.
- la participación en la evaluación pre y post acuerdo sobre los impactos de los ADA en las tres dimensiones del desarrollo sostenible.
III. Cohesión social y desarrollo sostenible
Los ADA deben incluír medidas de cohesión y justicia social que reduzcan sus eventuales efectos negativos en materia de pobreza, precariedad e informalidad laboral y desplazamientos migratorios, y fomenten el trabajo decente que promueve la OIT como factor esencial para la cohesión social.
Se necesitan mecanismos correctores de las asimetrías entre las dos regiones, con base en la experiencia europea de los fondos estructurales de cohesión y solidaridad. Este enfoque ya figuraba en la Cumbre de Guadalajara por medio del programa EuroSocial, el cual debería complementarse con nuevos programas dotados de mayores recursos financieros.
Estos mecanismos tienen que ser financiados por la UE (a través de, por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones) y aquellos países que son los prinpales beneficiarios del comercio y de las inversiones. También es necesaria la participación de los sectores sociales en el diseño e implementación de estos instrumentos.
La cuestión migratoria debe ser reconocida como un elemento vinculado al desarrollo sostenible, en cuanto al derecho a no migrar, y estar presente de forma transversal en los ADA, quedando incluída en el diálogo político, en el capitulo sociolaboral, para garantizar los derechos de los migrantes en los países de origen, y en el capítulo comercial, en cuanto a un tratamiento adecuado de las remesas.
Conscientes de que Europa es una receptora creciente de migrantes económicos, pedimos que la UE contribuya con acuerdos y programas que faciliten la migración regular, la inserción económica, social y cultural de los migrantes y la plena garantía de los derechos laborales, sindicales, sociales y civiles, para el/la migrante y su familia.
En el marco de los lazos históricos y culturales que unen a las dos regiones, solicitamos también una política proactiva e integral de migración, asentada en reglas precisas de admisión y residencia que respete la dignidad de las personas. Tal política debería estar basada en el marco de derechos de los migrantes recogidos en las Convenciones de Naciones Unidas (Convención Internacional de la ONU sobre protección de los derechos de todos los trabajadores y sus familiares) y en convenios de la OIT (C 97, C 143 y C 157).
Ha sido muy positiva la reciente firma del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social durante la XVII Cumbre Iberoamericana, que tiene por objetivo que los trabajadores migrantes puedan gozar, en sus países de origen, de los beneficios generados con su trabajo en los países receptores. Asimismo, hacen un llamamiento por la rápida y eficaz aplicación de este convenio, y en favor de que otros paises de la UE puedan sigan el mismo principio.
Expresamos un absoluto rechazo a todas las formas de tráfico de seres humanos, muy especialmente el que afecta a mujeres y niños. Alertamos sobre la creciente feminización de la migración, ya que representan la mitad del total de migrantes, y sufren mayores riesgos al migrar.
Condenamos la construcción por parte de los Estados Unidos del “muro” en la frontera con México y lo consideramos un problema de toda la región.
Pedimos la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el diseño de las políticas públicas sobre migraciones. En particular, deben involucrarse a las organizaciones sindicales en los temas de inserción laboral, así como en los aspectos de formacion y empleo, tanto en los países de origen como en los de destino
IV. Cambio climático y desarrollo sostenible
El actual modelo de desarrollo es injusto socialmente e insostenible medioambientalmente.
El desarrollo sostenible requiere la protección medioambiental. La creación de trabajos decentes y medioambientalmente responsables es el único camino para garantizar los medios de vida de millones de trabajadores/as.
Como demuestran claramente los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en la actualidad los países de América Latina-Caribe sufren con intensidad las consecuencias del agravamiento del cambio climático, lo que genera consecuencias negativas para la población, contribuyen poderosamente a la pobreza y la falta de cohesión social y seguirán alimentando en gran medida las migraciones.
Buena parte de la degradación medioambiental es causada por la acción humana y fundamentalmente por la acción depredatoria de las empresas, especialmente las transnacionales. Dada la importancia de estos recursos para el desarrollo sostenible, recomendamos que las organizaciones de la sociedad civil, y particularmente los sindicatos, se involucren más en programas de promoción de un uso responsable de éstos, y pedimos programas de cooperación e intercambios de buenas prácticas sobre una utilización de dichos recursos que beneficie a las comunidades que las poseen, sin perjudicar al medio ambiente.
La cooperación en materia de cambio climático debe permitir vincular de forma duradera la preservación ecológica, el crecimiento económico y la creación de empleos decentes.
LLAMAMIENTO A LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE AMERICA LATINA Y CARIBE Y DE LA UNIÓN EUROPEA
- Demandamos a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno iniciativas politicas para fortalecer los procesos de integración regional y sub regional;
- Reclamamos que la Asociación Bi-regional UE-ALC se base en criterios de equidad y equlibrio entre ambas regiones para lo cual es preciso que se impulsen acciones correctoras de las asimetrías;
- Exigimos que los ADA no se basen en criterios neoliberales librecambistas sino en los principios del comercio justo;
- Los ADA no deben limitarse a los aspectos comerciales sino que deben contemplar en toda su integridad una Asociación con dialogo politico, cooperación y dimension social;
- La Cumbre Sindical reclama a la UE, a la CAN, al Mercosur y a America Central que se establezcan mecanismos de consulta y participación efectiva (superando la mera información puntual) de la sociedad civil y particularmente de los sindicatos, tanto en el transcurso de las negociaciones como en el seguimiento de los eventuales Acuerdos;
- Demandamos un reconocimiento especifico de las organizaciones sindicales y de mecanismos por ellas creados como el Foro Laboral UE-Mercosur;
- Demandamos el cumplimiento por parte del gobierno chileno del contenido del ADA con la UE en lo referente a la creación de un Consejo Economico y Social, y el subsiguiente Comité Mixto entre este y el CESE de la UE;
- Instamos al gobierno mexicano para que un organismo consultivo similar sea creado en México;
- Pedimos el cumplimiento efectivo del Capítulo Social incluído en el acuerdo entre los países del Caribe y la UE, así como del compromiso sobre formación y capacitación de actores no gubernamentales;
- Reiteramos la necesidad de un cuarto pilar, junto al comercial, de cooperación y de dialogo politico que integre la dimensión sociolaboral;
- Reclamamos que las empresas transnacionales sean obligadas a respetar los instrumentos establecidos por la OIT y por la OCDE;
- Llamamos a los gobiernos a que garanticen el respeto de los derechos humanos en todos los paises y particularmente los derechos sindicales de los trabajadores.
- Exigimos que se acabe con la impunidad que aun existe en diversos países (como Colombia y Guatemala) por parte de quienes asesinan y persiguen a los sindicalistas;
- Condenamos el bloqueo y el embargo económico contra Cuba y pedimos su levantamiento;
- Reclamamos que la igualdad de género forme parte de manera destacada de los contenidos de los ADA;
- Reclamamos a los gobiernos europeos que cesen los ataques al modelo social europeo para preservar las conquistas de los trabajadores europeos y para que pueda servir de referencia en los paises socios de la UE;
- Demandamos a los gobiernos de América Latina-Caribe y de la UE que integren en sus negociaciones los principios del desarrollo sostenible y que trasladen ese enfoque a las instituciones multilaterales de las que forman parte;
- Pedimos que los sindicatos participen en las politicas públicas sobre las migraciones y que éstas se basen en el reconocimiento de los derechos laborales y civiles de los migrantes.
- Solicitamos el reconocimiento de los derechos de los trabajadores/as autoempleados.
- Reclamamos el levantamiento del muro construido por Estados Unidos en su frontera con México;
- Combatimos las tendencias xenofobas que se dan en algunos paises de la UE y también en otros de América Latina-Caribe, y exijimos a las autoridades nacionales el cese de toda medida discriminatoria;
[1] Esta Declaración también será dirigida a las cumbres bilaterales UE-MERCOSUR, UE-CAN y UE-America Central.
