Semanas previas a la elección de la nueva mesa directiva del Congreso, la opinión pública respecto a la composición de la misma estaba dividida. Para unos, el partido de gobierno debía mantener el control del Parlamento aun con una candidatura más que cuestionada; para otros, me incluyo, la idea de impulsar una candidatura opositora de consenso sería el contrapeso perfecto para un Ejecutivo hiper centralizado, cuasi autoritario, carente de control político y con poderes legislativos exacerbados.
Lo ocurrido luego de la reciente elección confirma una verdad negada por el Ejecutivo: El gobierno tiene un pacto informal con Alberto Fujimori y con la derecha neoliberal, pacto infame que se suma a los ya históricos APRA – Prado y APRA – Odría. De otra forma, no sería explicable el holgado triunfo de la lista encabezada por Velásquez Quesquén. Si el grupo parlamentario aprista posee 36 miembros, ¿Por qué totalizó 66 votos?; si el APRA obtuvo no más del 25% de apoyo en la primera vuelta electoral ¿cómo y porqué controla el Congreso desde el 2006?; si el APRA fue la segunda minoría parlamentaria antes de la escisión PNP – UPP ¿cómo es que se aprobaron leyes cuestionables?
La respuesta a tales interrogantes desnuda otra verdad lamentable que acrecienta la frustración ciudadana hacia la política: la vigencia de intereses individuales y personalistas de quienes supuestamente representan los intereses de la nación. La idea de grupo parlamentario, la disciplina partidaria, el dogma de la no sujeción a mandato imperativo, la política como profesión -soslayada por Weber- y la apuesta por un sistema de partidos, han sido desdibujados por la traición vil de tránsfugas y la capacidad del APRA para conseguir lo que quiere a cualquier costa y costo.
La instauración de la valla electoral ha resultado ser infuncional tal como en su momento lo advirtiéramos. En efecto, la fragmentación parlamentaria por sí sola no es negativa. Lo que es negativa es la presencia de improvisados que hacen del Congreso una mesa de partes del gobierno. Lo que resulta perjudicial es la renuncia al ejercicio de competencias y la claudicación expresa o tácita de ejercer control político alguno. Lo dañino es la impunidad que gozan los tránsfugas cuando se apartan de la línea política programática del partido, teniendo el incentivo de conformar otro grupo parlamentario.
Por todas estas razones y otras conexas, la desaprobación de la institución congresal se aproxima al 70%. Pero, ¿pretender despojar la mesa directiva al oficialismo supondría apostar por la ingobernabilidad del país? NO. La gobernabilidad de un Estado es mucho más que un equilibrio de poderes; es sí se quiere la cualidad de un buen gobierno. Ahora, ¿podría gobernar García con un Parlamento opositor? Me temo que sí. De hecho García no ha tenido problemas para sacar adelante políticas económicas neoliberales. Muchas de ellas, acaso las medulares, fueron impuestas a decretazos, utilizando como pretexto la implementación del TLC. Y en cuanto a control político, ninguno de sus ministros ha sido censurado, a pesar de la manifiesta incapacidad de Alva Castro o Verónica Zavala.
No perdamos de vista, además, que un enfrentamiento entre Ejecutivo y Parlamento inclina la balanza a favor del primero, pues el gobierno tiene la disolución congresal como herramienta útil en caso se verifiquen los dos supuestos previstos por la constitución. Por lo tanto, en escenarios cuasi autoritarios o represivos sería preferible un Parlamento opositor que reequilibre los exacerbados poderes presidenciales, aún cuando la adopción de políticas públicas se vea entrampada, o la relación Ejecutivo – Legislativo se torne medianamente inestable.
Algunas propuestas de ingeniería constitucional pueden ensayarse. Si políticamente el escaño congresal es del partido, los tránsfugas deben ser expectorados del Congreso cuando desconozcan la decisión del grupo parlamentario al que pertenecen, siendo reemplazados por los accesitarios. De esa forma, se acabaría no solamente con la conformación de nuevos grupos parlamentarios, sino sobretodo con prácticas deshonestas que ensombrecen la imagen de un poder del Estado.
De otro lado, resultaría aconsejable la obligación de tramitar proyectos de ley siempre que éstos tengan el acuerdo mayoritario o unánime del grupo parlamentario. Al mismo tiempo, la posibilidad de presidir una comisión de trabajo o integrar la mesa directiva debe ser decidida por el grupo, estando vedado decisión individual alguna. Con esta medida se evitaría que cada congresista trafique su voto buscando beneficios personales, además de garantizar mayor calidad en las propuestas legislativas.
No menos importante es la posibilidad de instaurar la revocatoria del cargo congresal a mitad de periodo. Los parlamentarios deben responder ante sus electores por la gestión desempeñada. No hay mayor incentivo para un representante que el respaldo de su distrito electoral, ni mayor sanción que la revocatoria del mandato en supuestos de manifiesta incompetencia.
La traición campea a flor de piel. Y pensar que algunos incautos creen en un movimiento de izquierda para el 2011, cuya batuta recaería en manos de un improvisado Humala, incapaz de garantizar disciplina en su propio partido, o en uno de esos personajes cavernarios que ya necesitan jubilación. Si el fin es electoral, como creo lo será, la izquierda continuará sumergida en sus propias contradicciones internas, salvo mejor parecer.
Lo ocurrido luego de la reciente elección confirma una verdad negada por el Ejecutivo: El gobierno tiene un pacto informal con Alberto Fujimori y con la derecha neoliberal, pacto infame que se suma a los ya históricos APRA – Prado y APRA – Odría. De otra forma, no sería explicable el holgado triunfo de la lista encabezada por Velásquez Quesquén. Si el grupo parlamentario aprista posee 36 miembros, ¿Por qué totalizó 66 votos?; si el APRA obtuvo no más del 25% de apoyo en la primera vuelta electoral ¿cómo y porqué controla el Congreso desde el 2006?; si el APRA fue la segunda minoría parlamentaria antes de la escisión PNP – UPP ¿cómo es que se aprobaron leyes cuestionables?
La respuesta a tales interrogantes desnuda otra verdad lamentable que acrecienta la frustración ciudadana hacia la política: la vigencia de intereses individuales y personalistas de quienes supuestamente representan los intereses de la nación. La idea de grupo parlamentario, la disciplina partidaria, el dogma de la no sujeción a mandato imperativo, la política como profesión -soslayada por Weber- y la apuesta por un sistema de partidos, han sido desdibujados por la traición vil de tránsfugas y la capacidad del APRA para conseguir lo que quiere a cualquier costa y costo.
La instauración de la valla electoral ha resultado ser infuncional tal como en su momento lo advirtiéramos. En efecto, la fragmentación parlamentaria por sí sola no es negativa. Lo que es negativa es la presencia de improvisados que hacen del Congreso una mesa de partes del gobierno. Lo que resulta perjudicial es la renuncia al ejercicio de competencias y la claudicación expresa o tácita de ejercer control político alguno. Lo dañino es la impunidad que gozan los tránsfugas cuando se apartan de la línea política programática del partido, teniendo el incentivo de conformar otro grupo parlamentario.
Por todas estas razones y otras conexas, la desaprobación de la institución congresal se aproxima al 70%. Pero, ¿pretender despojar la mesa directiva al oficialismo supondría apostar por la ingobernabilidad del país? NO. La gobernabilidad de un Estado es mucho más que un equilibrio de poderes; es sí se quiere la cualidad de un buen gobierno. Ahora, ¿podría gobernar García con un Parlamento opositor? Me temo que sí. De hecho García no ha tenido problemas para sacar adelante políticas económicas neoliberales. Muchas de ellas, acaso las medulares, fueron impuestas a decretazos, utilizando como pretexto la implementación del TLC. Y en cuanto a control político, ninguno de sus ministros ha sido censurado, a pesar de la manifiesta incapacidad de Alva Castro o Verónica Zavala.
No perdamos de vista, además, que un enfrentamiento entre Ejecutivo y Parlamento inclina la balanza a favor del primero, pues el gobierno tiene la disolución congresal como herramienta útil en caso se verifiquen los dos supuestos previstos por la constitución. Por lo tanto, en escenarios cuasi autoritarios o represivos sería preferible un Parlamento opositor que reequilibre los exacerbados poderes presidenciales, aún cuando la adopción de políticas públicas se vea entrampada, o la relación Ejecutivo – Legislativo se torne medianamente inestable.
Algunas propuestas de ingeniería constitucional pueden ensayarse. Si políticamente el escaño congresal es del partido, los tránsfugas deben ser expectorados del Congreso cuando desconozcan la decisión del grupo parlamentario al que pertenecen, siendo reemplazados por los accesitarios. De esa forma, se acabaría no solamente con la conformación de nuevos grupos parlamentarios, sino sobretodo con prácticas deshonestas que ensombrecen la imagen de un poder del Estado.
De otro lado, resultaría aconsejable la obligación de tramitar proyectos de ley siempre que éstos tengan el acuerdo mayoritario o unánime del grupo parlamentario. Al mismo tiempo, la posibilidad de presidir una comisión de trabajo o integrar la mesa directiva debe ser decidida por el grupo, estando vedado decisión individual alguna. Con esta medida se evitaría que cada congresista trafique su voto buscando beneficios personales, además de garantizar mayor calidad en las propuestas legislativas.
No menos importante es la posibilidad de instaurar la revocatoria del cargo congresal a mitad de periodo. Los parlamentarios deben responder ante sus electores por la gestión desempeñada. No hay mayor incentivo para un representante que el respaldo de su distrito electoral, ni mayor sanción que la revocatoria del mandato en supuestos de manifiesta incompetencia.
La traición campea a flor de piel. Y pensar que algunos incautos creen en un movimiento de izquierda para el 2011, cuya batuta recaería en manos de un improvisado Humala, incapaz de garantizar disciplina en su propio partido, o en uno de esos personajes cavernarios que ya necesitan jubilación. Si el fin es electoral, como creo lo será, la izquierda continuará sumergida en sus propias contradicciones internas, salvo mejor parecer.
Jans Erik Cavero Cárdenas
Politólogo
Politólogo
