En la ciudad de Lima, los días 30 y 31 de octubre, las 523 autoridades y funcionarios de las municipalidades provinciales y distritales asistentes a la IV Conferencia
Anual de Municipalidades CAMUR 2008 realizaron un balance a cinco años del proceso de descentralización, ante lo cual manifestaron lo siguiente:
1.- Expresamos nuestro rechazo a la reducción del gasto público. Proponemos que se incremente la recaudación tributaria teniendo como base el impuesto a la sobreganancia y regalías mineras. El recorte de los recursos ordinarios destinados a los programas sociales en el presupuesto 2009 generará un conflicto entre las autoridades y la población pues estos gastos ya han sido acordados a través del presupuesto participativo.
2.- Exigimos una Descentralización real y efectiva. La transferencia de funciones a los Gobierno Locales y Regionales debe ir acompañado de los recursos necesarios que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades políticas, técnicas y gerenciales.
3.- La Descentralización Fiscal es pilar estratégico para un proceso de redistribución que favorezcan a las zonas más pobres. Los impuestos deben cobrarse en la región donde se realiza la actividad económica; además proponemos el pago por servicios ambientales. Demandamos al Congreso de la República aprobar la propuesta de ley para reglamentar el cobro de los recursos de las cabeceras de los ríos como ingresos municipales.
4.- Ante la deficiente entrega de los presupuestos asignados, planteamos la ampliación del periodo de ejecución del gasto que permita responder a las múltiples necesidades de nuestros territorios.
5.- Exigimos el incremento de la asignación en un punto porcentual correspondiente del IGV asignado al FONCOMUN, el cual debe ser destinado a las municipalidades rurales debido a la concentración de pobreza en dichas zonas.
6.- Solicitamos la urgente solución de los problemas por efecto de una adecuada demarcación territorial, y como medida complementaria demandamos la reglamentación de la Ley de Mancomunidades pues su ausencia limita el accionar y la práctica de las mancomunidades ya existentes.
7.- Reconocemos que el FONIPREL es útil, pero no recortando el presupuesto de las municipalidades. Solicitamos que las municipalidades rurales de la amazonía y la zona andina que no perciben Canon se les exonere de las contrapartidas.
8.- No al manejo partidarizado de los programas sociales, exigimos al gobierno y al MIMDES desterrar la práctica clientelar y prebendaría, exigiendo más bien al gobierno devolver a los 649 municipios afectados, los recursos de FONCODES recortados.
9.- Destacamos la importancia de la formulación del Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades, pero este largo proceso de preparación ha retrasado la implementación de estrategias y acciones contempladas en este Plan en el período de mayor necesidad para los GL y GR (2 primeros años).
10.- Nos comprometemos a asegurar la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales y del ambiente e incorporar estos principios en las políticas promovidas por los gobiernos locales.
11.- Exigimos al Gobierno una adecuada articulación y coordinación entre los niveles del Estado para la gestión sostenible de los Recursos Naturales y del Ambiente. La implementación de procesos de consulta a las comunidades y municipios antes de la instalación de las industrias extractivas. Asimismo, las concesiones y las explotaciones mineras deben ser prohibidas en cabeceras de cuenca por ser zonas de almacenamiento de agua para consumo humano y producción agropecuaria. Deben recuperarse las atribuciones y funciones de las municipalidades de crear áreas naturales protegidas.
12.- Expresamos nuestra solidaridad con los pueblos del sur en sus luchas.
13.- Aceptamos la propuesta del Premier Yehude Simon de trabajar al lado del Consejo de Ministros para hacer un seguimiento directo al proceso de descentralización; asimismo, saludamos la invitación y el compromiso expresado para considerar las propuestas concretas que desde REMURPE sean alcanzadas para mejorar la gestión del FONIPREL. Finalmente, ratificamos nuestro compromiso de participación y la necesidad de fortalecer la Comisión de Coordinación Intergubernamental.
Anual de Municipalidades CAMUR 2008 realizaron un balance a cinco años del proceso de descentralización, ante lo cual manifestaron lo siguiente:
1.- Expresamos nuestro rechazo a la reducción del gasto público. Proponemos que se incremente la recaudación tributaria teniendo como base el impuesto a la sobreganancia y regalías mineras. El recorte de los recursos ordinarios destinados a los programas sociales en el presupuesto 2009 generará un conflicto entre las autoridades y la población pues estos gastos ya han sido acordados a través del presupuesto participativo.
2.- Exigimos una Descentralización real y efectiva. La transferencia de funciones a los Gobierno Locales y Regionales debe ir acompañado de los recursos necesarios que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades políticas, técnicas y gerenciales.
3.- La Descentralización Fiscal es pilar estratégico para un proceso de redistribución que favorezcan a las zonas más pobres. Los impuestos deben cobrarse en la región donde se realiza la actividad económica; además proponemos el pago por servicios ambientales. Demandamos al Congreso de la República aprobar la propuesta de ley para reglamentar el cobro de los recursos de las cabeceras de los ríos como ingresos municipales.
4.- Ante la deficiente entrega de los presupuestos asignados, planteamos la ampliación del periodo de ejecución del gasto que permita responder a las múltiples necesidades de nuestros territorios.
5.- Exigimos el incremento de la asignación en un punto porcentual correspondiente del IGV asignado al FONCOMUN, el cual debe ser destinado a las municipalidades rurales debido a la concentración de pobreza en dichas zonas.
6.- Solicitamos la urgente solución de los problemas por efecto de una adecuada demarcación territorial, y como medida complementaria demandamos la reglamentación de la Ley de Mancomunidades pues su ausencia limita el accionar y la práctica de las mancomunidades ya existentes.
7.- Reconocemos que el FONIPREL es útil, pero no recortando el presupuesto de las municipalidades. Solicitamos que las municipalidades rurales de la amazonía y la zona andina que no perciben Canon se les exonere de las contrapartidas.
8.- No al manejo partidarizado de los programas sociales, exigimos al gobierno y al MIMDES desterrar la práctica clientelar y prebendaría, exigiendo más bien al gobierno devolver a los 649 municipios afectados, los recursos de FONCODES recortados.
9.- Destacamos la importancia de la formulación del Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades, pero este largo proceso de preparación ha retrasado la implementación de estrategias y acciones contempladas en este Plan en el período de mayor necesidad para los GL y GR (2 primeros años).
10.- Nos comprometemos a asegurar la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales y del ambiente e incorporar estos principios en las políticas promovidas por los gobiernos locales.
11.- Exigimos al Gobierno una adecuada articulación y coordinación entre los niveles del Estado para la gestión sostenible de los Recursos Naturales y del Ambiente. La implementación de procesos de consulta a las comunidades y municipios antes de la instalación de las industrias extractivas. Asimismo, las concesiones y las explotaciones mineras deben ser prohibidas en cabeceras de cuenca por ser zonas de almacenamiento de agua para consumo humano y producción agropecuaria. Deben recuperarse las atribuciones y funciones de las municipalidades de crear áreas naturales protegidas.
12.- Expresamos nuestra solidaridad con los pueblos del sur en sus luchas.
13.- Aceptamos la propuesta del Premier Yehude Simon de trabajar al lado del Consejo de Ministros para hacer un seguimiento directo al proceso de descentralización; asimismo, saludamos la invitación y el compromiso expresado para considerar las propuestas concretas que desde REMURPE sean alcanzadas para mejorar la gestión del FONIPREL. Finalmente, ratificamos nuestro compromiso de participación y la necesidad de fortalecer la Comisión de Coordinación Intergubernamental.
